Tras la solicitud de 4 diputados a Contraloría de fiscalizar los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, la institución elaboró un informe en donde se detectan una serie de errores en los dos primeros pagos del IFE.
El informe trata sobre los pagos del IFE realizados entre el 22 mayo y el 31 de junio del año 2020, de 162 páginas que entregan detalles de algunos errores. Un cruce de información fue efectuado por la Contraloría, la subsecretaría de Evaluación Social, el IPC, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Servel y la PDI.
Los datos detallan que son $8.221 millones que estarían pendientes de pago, 60 personas fallecidas quienes recibieron el pago por un monto de $2.643.000, 1.276 hogares con ingresos a honorarios que también recibieron el IFE. Más 192 personas del sector público y 37 concejales que recibieron montos de los dos primeros pagos.
A esto se suman 1.743 personas que estaban fuera del país quienes recibieron sobre los 98 millones de pesos.
Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, señaló que, "se debe encontrar una respuesta por parte del Gobierno que está saliendo. No puede ser que este tema se deje en lo que sucedió, el informe de Contraloría constatando los hechos y que no haya responsabilidad por parte del Gobierno".
Por su parte, Jaime Naranjo, diputado del partido Socialista, expresó que se trata de un tema "grave y delicado". Mencionó que "en su momento lo hicimos ver al Gobierno si contaba con plataformas creíbles de tal manera que la ayuda llegara a personas que realmente correspondía. Esto demuestra desprolijidad del aparato del Estado, particularmente del ministerio de Desarrollo Social que estaba a cargo".
En tanto el ministerio de Desarrollo Social envío un comunicado asegurando que la información que en ese entonces se manejaba no estaba del todo actualizada y comentan que "la información auto reportada por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica, no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas de los ingresos de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social de Hogares".
Agregaron que "la Contraloría ha constatado que, como ministerio de Desarrollo Social y Familia, en cada uno de los pagos de estos beneficios hemos actuado con un irrestricto apego a la normativa vigente. Pese a trabajar con la mejor información administrativa a la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, dicha información tiene rezagos naturales y pudo reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal".