Investigarán torturas a compañeros de Alberto Bachelet

Investigarán torturas a compañeros de Alberto Bachelet

Se cumple así la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que Estado chileno se arriesga a un juicio y al pago de una indemnización a las víctimas.

Elkjaer Lobos
03.07.2014

El ministro en visita especialista en causas de Derechos Humanos, Mario Carroza, iniciará una investigación por torturas en contra de compañeros de armas de Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (Fach).

Este nuevo proceso se inició luego que la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, decidiera iniciar una indagatoria contra miembros de la Fach que torturaron a compañeros de armas en el marco de la dictadura militar, grupo en que en el estaba Bachelet.

Antes de hacer abandono de retirarse del Poder Judicial, la fiscal remitió los antecedentes, en calidad de denuncia, a su par de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien -a su vez- envío la orden de investigar a Carroza.

De acuerdo a lo que consigna The Clinic, se cumplirá la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en noviembre pasado, indicó que se debía perseguir la responsabilidades de los integrantes de la Fach que cometieron actos de tortura contra sus compañeros.

No obstante, esta sugerencia se adoptó fuera de plazo, ya que el organismo dijo que la apertura de la investigación debía hacerse en un plazo de seis meses, o sea en abril pasado.

De esta forma, el Estado chileno podría entrar en juicio y ser condenado a pagar una indemnización a los afectados.

La indagatoria comenzará  por los casos de tres ex funcionarios de la Fach, Omar Maldonado, Álvaro Yáñez e Iván Rojas.

Asimismo, y según el mismo medio, se abrirán las causas sobreseídas de Ernesto Galaz, Jaime Donoso y Víctor Adriazola, todos ellos detenidos con Bachelet.

Esta investigación se inicia 13 años después que un grupo de 12 oficiales de la institución recurrieran a la Corte Suprema para anular el proceso abierto en su contra por sedición y traición a la patria que inició la justicia militartras el golpe de estado de 1973.

En 2002, la Suprema rechazó el recurso y los afectados recurrieron al organismo internacional.


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