Los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) viven una etapa clave ya que si quieren a futuro acceder al sistema de gratuidad deben dejar de tener fines de lucro y transformarse en fundaciones o corporaciones.
Hasta ahora, la ley no prohíbe que este tipo de instituciones obtenga ganancias por los servicios que prestan, pero con la nueva normativa que regulará el sistema educacional, tendrán que cambiar el modelo para acceder a la gratuidad.
La alternativa para poder acceder al beneficio que tendrían los IP y CFT es transformarse a fundaciones o corporaciones, lo que según los representantes de este tipo de instituciones podría ser un gran problema.
Según explicó Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente de "Vertebral" a La Tercera, la normativa "obliga a los dueños de las instituciones a donar su patrimonio a la nueva corporación o fundación sostenedora”.
Los que se verían más perjudicados con la situación son los inversionistas que participan en la propiedad de los CFT o IP, ya que los obligaría a traspasar sus activos, lo que se traduce en una donación y pérdida de bienes, lo que para Vargas "es un acto expropiatorio".
Ante las críticas de los representantes de IP y CFT, desde el Gobierno señalan que la decisión de pasar a fundación o corporación es totalmente voluntaria.
Para los sostenedores, la elección no es totalmente libre, ya que no cambiar a fundación o corporación implicaría no acceder a la gratuidad.
Una alternativa que presentan desde estas instituciones es que la fundación o corporación pueda comprar los bienes a los inversionistas, lo que hasta ahora no esta contemplado en el proyecto de ley.