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ISP aclara venta de pastillas anticonceptivas con receta: "Pueden ser prescritas por matronas y médicos"

Desde el organismo indicaron que las condiciones de venta están establecidas en el registro sanitario, indicando que "quienes tengan problemas con el documento "pueden acudir al químico farmacéutico de la farmacia para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente". 

24horas tvn

© PIXEL

Lunes 5 de abril de 2021

El Instituto de Salud Pública (ISP) respondió ante las críticas surgidas respecto de la exigencia de tener una receta médica para comprar pastillas anticonceptivas, asegurando que no se cambió ninguna de las medidas que ya están vigentes en el código sanitario.

Según indicó el organismo, "no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia".

En dicho registro está establecido que "los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente".

"En septiembre del año pasado, en un esfuerzo por facilitar el acceso en tiempos de pandemia, se promulgó la ley 21.267 sobre la adquisición de medicamentos y que señala en su Artículo 1, que las recetas pueden emitirse en medios digitales, electrónicos y físicos, incluyendo imágenes y mensajería instantánea. La duración de las recetas se extiende desde los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria, es decir a partir de septiembre del año 2019. Asimismo, las recetas extendidas durante este periodo tendrán validez para la dispensación de los productos farmacéuticos prescritos en ellas, hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria", agregó el Instituto.

Además, destacaron que las "Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad establecen los criterios médicos que se deben tener en cuenta para una adecuada prescripción de anticonceptivos, proporcionando orientaciones acerca del uso de estos medicamentos de manera segura y eficaz, teniendo en consideración factores, como: condiciones de salud relevantes, las etapas de la vida que pueden afectar la elección del anticonceptivo (edad, características personales e historia reproductiva), entre otros para considerar al momento de la prescripción, de uno u otro método, ya que pueden afectar tanto, la exacerbación de las reacciones adversas o el fallo terapéutico en caso de interacciones farmacológicas o no adhesión al tratamiento".

Gobierno busca revertir normativa que exige venta de anticonceptivos con receta médica

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, aseguró a través de su cuenta de Twitter que como Gobierno están realizando las diligencias necesarias para dejar sin efecto la disposición del Instituto de Salud Pública (ISP) que exige una receta médica para la compra de pastillas anticonceptivas.

“Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia”, precisó la autoridad

Recordar que la situación se hizo visible luego de una serie de denuncias realizadas por usuarias en redes sociales.

Ante ello, la agrupación de Ginecólogas Chile dijo que “la anticoncepción plena y eficaz es un derecho sexual y reproductivo y es una de las pocas medidas científicamente comprobadas, que disminuyen la tasa de abortos”.

Por lo mismo, hicieron un llamado a las autoridades para “facilitar el acceso a la anticoncepción desde ahora ay evitar de esta manera, los cientos de embarazado nos estados que pueden producirse por la dificultas en el acceso a ésta, y que, por tanto, constituyen una vulneración grave a los derechos de las mujeres”.