Fernanda Sandoval, de 25 años, denunció que sufrió una serie de fallas en su atención bajo el protocolo de aborto en tres causales, debido a discrepancias entre médicos objetores y no objetores en el Hospital de Quilpué.
La joven, producto de un embarazo delicado de 14 semanas, solicitó el 6 de abril la interrupción bajo la causal de inviabilidad del feto. Primero se le negó por un médico objetor, pero más tarde, otra profesional aprobó el procedimiento.
Tras abortar, requería un vaciamiento en pabellón, lo que nuevamente fue negado por personal objetor de conciencia, retrasando el procedimiento. Ante ello, Sandoval reclamó incumplimientos a la normativa ante el Servicio de Salud, realizándose una auditoría que determinó varias falencias.
Al respecto, la abogada de Corporación Humanas y representante de Fernanda Sandoval, Camila Maturana, detalló a 24Horas.cl que "se conocieron los resultados de estas auditorías, tanto por el Hospital de Quilpué como el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, donde nosotras vemos que lamentablemente se corrobora que la atención que reciben las mujeres en el marco de la ley de aborto en tres causales está fuertemente influenciada y determinada por la calidad de objetores de conciencia de los equipos que las atiendan".
La abogada detalló que la joven fue atendida por profesionales objetores y no objetores de conciencia que determinaron diagnósticos y tratamientos distintos. "Ella estando hospitalizada en un embarazo de 14 semanas con complicaciones, uno de los médicos de turno, que se presenta como objetor, define un diagnóstico y un tratamiento. Al día siguiente la atiende otra profesional que no era objetora, que decide la interrupción del embarazo e inicia el tratamiento médico para el aborto. Posteriormente, ella nuevamente es atendida por una profesional objetora de conciencia que interrumpe el tratamiento médico. Todo esto genera un retraso para que accediera al aborto en la causal de inviabilidad".
En esa línea, manifestó que a partir de las auditorías clínicas se definen una serie de medidas que deben implementarse en el Hospital de Quilpué en relación a protocolizar la atención de las pacientes con Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la capacitación al personal y distribuir a los profesionales objetores de conciencia en distintos turnos, de manera de contar con distintos equipos que atienden a las mujeres.
Sumado a ello, se establecieron medidas para mejorar los recintos de atención para los clientes. "En el caso de Fernanda, lamentablemente, se observa que no hay ningún elemento en la auditoría que permita establecer que los profesionales objetores cumplieron adecuadamente con las obligaciones de información que les impone la ley", aseveró Maturana.
Asimismo, precisó que como Corporación Humanas esperan que el Hospital de Quilpué designe la inspección de un sumario administrativo que logre establecer si el conjunto de profesionales de salud se enmarcó en la ley y dio cumplimiento a susobligaciones. "En caso de determinar que no se cumplieron, habrían sanciones".
"Lo que espera Fernanda es conocer cuál es el plan que va a implementar el Hospital de Quilpué para dar cumplimiento a las medidas que recomiendan las auditorías y además poder conocer si efectivamente el hospital instruirá un sumario para saber si se cumplieron las obligaciones funcionarias", arguyó la profesional.
También, enfatizó que este hecho "permitiría dar garantías de que los establecimientos públicos, a un año de la implementación de la ley, efectivamente están avanzando en asegurar la atención de mujeres que requieran la interrupción de embarazo en alguna de las tres causales".
Finalmente, manifestó que "lo que vivió Francisca no se puede deshacer, pero por lo que ella vivió, espera que a ninguna mujer le vuelva a ocurrir una situación como esa en ninguna de las tres causales, por eso es tan importante que el hospital defina las medidas que va a cumplir tras la auditoría".