La Corte Marcial de la Armada rechazó abrir una investigación por el delito de incumplimiento de deberes militares de los funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), tras la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del año 2010.
Entre los argumentos de los jueces del tribunal destaca la ausencia de un ilícito de índole castrense. "No resulta posible esclarecer que las conductas descritas en la denuncia constituyan actividades militares ni guarden relación con las funciones propias de las instituciones armadas (...) El Servicio nacional de Alarma de Maremotos es ajeno a la orgánica de la Armada de Chile", indica el fallo.
En la resolución también se apunta a que existe abierta una causa en el sistema de justicia ordinaria a cargo de la fiscal Solange Huerta. "Que los hechos ahora denunciados ante el citado tribunal naval son los mismos conocidos y radicados previamente en la justicia penal ordinaria", indica el dictamen.
De esta forma la Justicia Militar descartó la petición de investigación del abogado Raúl Meza, que representa a los familiares de una de las víctimas del maremoto.