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La Haya: Cancillería deberá informar honorarios de abogados

Tras un fallo unánime de la Corte de Apelaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá entregar los nombres y honorarios recibidos por los letrados que defienden a Chile en la Corte Internacional de Justicia.

Constanza Solis

Jueves 14 de noviembre de 2013

En 2012 una joven de nacionalidad argentina llamada Romina Colman Carnevali, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) información sobre los honorarios cobrados por los abogados que defendieron a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima peruana.

En primera instancia, Cancillería se negó a entregar esta información explicando que la solicitud afectaba "la soberanía del país". Ante esto, el Consejo para la Transparencia  (CPLT) determinó que los datos que solicitaba Colman debían ser facilitados, pero el Minrel prefirió recurrir a la Corte de Apelaciones para intentar revertir el dictamen.

La resolución de la Sexta Sala del Tribunal de alzada se dio a conocer este jueves y establece que Cancillería deberá entregar los datos acerca de quiénes conformaron la defensa de nuestro país ante La Haya durante el periodo que se realizó el proceso.

La resolución de la Corte de Apelaciones se realizó de forma unánime, ante el reclamo de ilegalidad que presentó la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol). De esta forma se ordena entregar los nombres de los abogados que participaron en la defensa y el costo de sus honorarios.

El fallo de la sexta sala explica que "en general, no es todo lo relativo a las relaciones exteriores lo que está sujeto a reserva o secreto".

"En lo que respecta a la información de los nombres de los abogados encargados de la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, su revelación no puede significar entorpecer la estrategia de defensa, como pretende la reclamante".

La resolución agrega también que los documentos que se solicitaron no significan informaciones, antecedentes y memorias que elaboraron los profesionales, siendo esos datos los realmente relevantes para la defensa jurídica.

Revisa aquí el fallo de la Corte de Apelaciones: