A través de un trabajo conjunto entre la empresa Tren Central junto al Ministerio Público e Investigaciones, se logró condenar a María José Méndez Silva a cinco años de cárcel por la sustracción ilegal de cables de cobre en el tren central.
La aludida es la primera imputada de otras 17 personas que se encuentran siendo procesadas por el robo de dicho elemento.
Después de 70 días de investigación, se permitió dar con la sanción que va acompañada de una multa de 5 UTM, a beneficio fiscal.
Juan Pablo Palomino, gerente general de Tren Central, se refirió a estos resultados asegurando que “son una fuerte señal para demostrar que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para reducir estos ilícitos, los cuales afectan la calidad y tiempos de viaje de nuestros servicios”.
Desfavoreciendo a la energización de trenes, Palomino ratificó la existencia de otras 16 personas que se encuentran formalizadas por los delitos de robar las extensiones entre las regiones de O’Higgins y Ñuble.
Por su parte, Nayalet Mansilla, fiscal regional de Ñuble, explicó el descubrimiento de un lugar donde se almacenaban y luego vendían dichos materiales.
"Se logró acreditar la existencia de un local de compraventa de metales y una bodega clandestina, lugar donde realizaba el acopio del material sustraído de diversos conductores eléctricos", aseveró la percecutora.
Autoridades a cargo subrayaron que sucesos así afectan a la continuidad de servicios entre Chillan y Santiago.
Además, mencionaron que si dichos cables de cobre son retirados, ocurren fallas generadas en la transmisión eléctrica hacia los demás trenes.