"Ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros".
Eso es lo que señala la "Declaración Pública en el 40° aniversario del quiebre institucional", texto difundido por la Asociación Chilena de Magistrados a días de conmemorarse los 40 años del golpe de estado de 1973
En el documento, los jueces reconocen que bajo el régimen del general Augusto Pinochet se cometieron brutales "violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestro país".
Sin embargo, señalan que "el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal (...) el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto".
"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención (...) no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial", sostiene el texto.
A lo que agregan: "este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia".
Además, se refieren al rol de los tribunales señalando que "la inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".
En la misma línea, solicitan que la Corte Suprema siga sus mismos pasos.
"Abrigamos la esperanza de que la actual Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia.".
Esto -añaden- "aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia".
"Nos parece que se trata, por último, de un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún joven democracia", finaliza el documento.
El texto fue firmado por la directiva de la Asociación Chilena de Magistrados.
La declaración completa la puedes leer en el siguiente link (HAZ CLICK ACÁ).
