Durante la noche de este viernes, el artista nacional Pablo Chill-E realizó un recital clandestino en la comuna de La Granja que contó con más de 100 asistentes pese a la pandemia. Carabineros llegó al lugar por infracción a la normativa sanitaria y detuvo a dos individuos, entre los que no estaba el artista de 21 años.
Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, condenó la realización del concierto masivo y advirtió sanciones para sus organizadores.
"Es insólito. No puede ser que estemos festejando mientras las personas están muriendo en las UCI. No puede ser que no entendamos que, cuando vamos a una fiesta, probablemente llegamos a la casa y enfermemos a nuestros seres queridos. Es tan peligroso ir a una fiesta y no cumplir con la normativa como estar con un arma desenfundada", sentenció la abogada.
Además, Martorell advirtió sanciones para el cantante: "Está dentro de los distintos supuestos del articulo 318 y siguientes del Código Penal, al poner en riesgo la salud de los demás y generar convocatoria", adelantando que "no tengo duda que la Fiscalía va a perseguir esa responsabilidad".
En esa línea, la funcionaria pública hizo un recordatorio: "Aquellas personas que piensan que por solo haber quedado citadas no van a ser sancionadas, cometen un grave error, así como quienes no son multados de inmediato. Quedar apercibido significa que comenzó un procedimiento, y al mismo tiempo, las personas que están enfrentando un procedimiento sumarial en materia sanitaria, van a terminar con una multa, la cual va a ser perseguida por el Consejo de Defensa de Estado y en un Juicio Civil. Que no se aplique la sanción de manera inmediata, no significa que va a ocurrir, además de recordar que tener antecedentes penales no es algo que las personas quieran".
Caída banda criminal
Las declaraciones de Martorell fueron en el marco del anuncio de la desarticulación de una banda criminal que operaba y residía en Quilicura. Los sujetos efectuaban disparos injustificados que ostentaba en redes sociales, manteniendo a la comunidad del sector atemorizada.
El operativo dejó cuatro detenidos e incluyó un registro de ocho domicilios, donde se incautó droga, miguelitos, chalecos antibalas y armamento como munición de alto calibre, .40 y 9mm. También se decomisó armamento a fogueo modificado para efectuar disparos.
El procedimiento se realizó después de un trabajo de la Brigada de Investigación Criminal Renca en coordinación del Ministerio Público.
El prefecto inspector Eduardo Ullivarri, jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago, explicó que: "La PDI puso a disposición todo su material humano y tecnológico para realizar la investigación y general análisis criminal para desarticular la banda".
"Lo relevante del operativo es sacar de circulación el armamento, que puede derivar en el reciente hecho donde falleció un menor", agregó Ullivarri, haciendo referencia al Caso Tamara.
Por su parte, Martorell comentó sobre la detención: "Hay algo que me preocupa mucho. Una de las personas involucradas fue condenada el 2015 por robo con violencia e investigación, el 2017 por homicidio, fue dejada en libertad con beneficios el 17 de febrero, y el 28 de febrero ya estaba siendo investigada por delitos similares, como homicidio frustrado".
"Hago un llamado al criterio que se utiliza para entregar beneficios por parte de los tribunales", agregó.
En esa línea, la subsecretaria comentó: "El proyecto de reforma a la Ley de Armas comenzó el 2008. Ahí ya sabíamos como Estado que teníamos un problema. El año 2018 se presentó un proyecto transversal. Está todavía en la Comisión de Defensa del Senado, está avanzando con suma urgencia, pero no puede esperar más, este año esa ley tiene que entrar en vigencia"