Durante la tarde de este lunes se desarrolló la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos fundamentales por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.
A dicha cita estaba invitado el Fiscal Nacional Jorge Abott y el General Director de Carabineros, Mario Rozas, quienes no pudieron asistir, pero fueron representados por la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ymay Ortiz y el Director de la Contraloría General de Carabineros general inspector Gonzalo del Alcazar Sandoval, acompañado por la directora de la Dirección de DD.HH, coronel Karina Soza Muñoz y el director de Justicia de Carabineros Coronel (J) Jaime Elgueta Burgos.
Fue la propia Ortiz quien analizó los datos recogidos desde el Ministerio Público desde el estallido social, quien señaló que de acuerdo a lo solicitado por la comisión, "la cifra de casos asciende a 8.575 víctimas, nosotros las contamos como víctimas. De esos, tenemos como imputados conocidos que nos permitían poder identificarlos son 919. Desconocidos tenemos alrededor de siete mil".
"Tenemos a 63 funcionarios policiales formalizados en 29 causas. Todos estos imputados están con medidas cautelares decretadas, ya sea prisión preventiva o medidas cautelares", explicó la abogada, agregando que "se han presentado acusaciones en tres casos, tenemos un caso de condena y durante la semana del cinco de octubre se actualizará la información estadística donde se van ingresando los casos formalizados".
Asimismo indicó que para octubre del presente año se encuentran varias audiencias de formalización fijadas, por lo que cree que estas cifras "podrían aumentar".
"No tenemos reportes de personas desaparecidas en este contexto", indicó Ortiz. También se refirió a las denuncias de un centro de tortura en la estación de Metro Baquedano, en donde aclaró que al momento de conocerse la denuncia, "se constituyeron de inmediato en el lugar fiscales, un juez de garantía. Sin embargo se siguió investigando y afortunadamente esa situación fue descartada".
El diputado Miguel Crispi de Revolución Democrática tomó la palabra posteriormente, consultando si han existido cambios institucionales tras el estallido social y la notoria diferencia entre los casos y las personas formalizadas, en donde la propia Ortiz respondió que su unidad recibió el apoyo de dos abogados más. "La Fiscalía nos dio todos los recursos, pero estos son finitos" señaló indicando que mantuvieron dificultades para poder identificar en las causas en las que ocurrieron lesiones oculares o desnudamientos ya que estos no están tipificados en el sistema.
Sanciones de Carabineros a funcionarios
El director de la Contraloría General de Carabineros general inspector Gonzalo del Alcázar Sandoval, acompañado por la directora de la Dirección de DD.HH, coronel Karina Soza Muñoz y el director de Justicia de Carabineros Coronel (J) Jaime Elgueta Burgos, se refirieron también a estas cifras entregadas por el Ministerio Público, indicando que tras el estallido social se iniciaron 1.270 procesos investigativos internos.
"En un año normal se tienen alrededor de 1.200 procesos y haciendo esta comparación, en estos 6 meses, solo por hechos de la contingencia esta cantidad fue superada con creces. Sin perjuicio de ello, hoy 28 de septiembre el 88% de estos procesos ya se encuentra finalizado en su etapa investigativa", señaló Alcázar.
En cuanto a sumarios, 151 de ellos se encuentran finalizados y solo 48 de ellos se encuentran en tramitación. Respecto de investigaciones, 663 se encuentran finalizados y 108 se encuentran en tramitación.
Respecto de los resultados de estos procesos, en 81 de ellos se formularon cargos lo que corresponde a un total de 170 carabineros a nivel nacional, de los cuales 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución, mientras que a otros19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme.
Los restantes 135 se encuentran afectados con cargos y con otras medidas gravosas, como lo son el arresto, la reprensión y amonestación.
"No ha resultado fácil ni expedito llevarlos adelante, considerando todos elementos de prueba que requiere un proceso administrativo y que están disponibles", indicó Alcázar y que esto se debe "a la falta de interés de las personas afectadas, quienes en la mayoría de los casos dan preferencia o prioridad al proceso penal, a la denuncia ante el Ministerio Público, y que esta obviamente, por sobre el procedimiento administrativo que lleva a cabo la institución".
Alcázar agregó que "la solicitud del propio INDH al General Director de Carabineros, en el sentido de evitar el contacto directo con las víctimas a fin de no revictimizarlas, como ya dijimos, también con la coordinación directa con el Ministerio Público, lo cual no es posible, debido a que la institución no es interviniente de esos procesos y no se nos entrega información por imperativo legal. Tampoco fue posible acceder a los antecedentes de la primera atención médica, puesto de que muchos puestos de salud (...) se ampararon en la Ley 20.584 sobre reserva de los datos del paciente".