La Municipalidad de Santiago anunció que la Dirección de Educación interpuso ante la justicia dos demandas civiles por indemnización de perjuicios y cuatro querellas contra quienes resulten responsables por los daños ocurridos en diferentes liceos de la comuna que fueron tomados por estudiantes tras el estallido social y que dejaron daños por cerca de $28.260.000.
Con esto el municipio busca que los padres de los jóvenes respondan por los actos de sus hijos en una medida conocida popularmente como el "Rompe-Paga".
“Desde el día uno de nuestra administración implementamos una medida que es de sentido común como el Rompe – Paga, para terminar con la impunidad de quienes destruyen nuestros liceos, y nos hemos mantenido firmes en esa línea. Por eso instruí a la Dirección de Educación para que ejerciera las acciones legales necesarias para que quienes llamaron y lideraron las ocupaciones ilegales respondan por los destrozos y paguen las reparaciones. Se acabó el paga moya, no podemos estar malgastando recursos públicos en reparar daños que hacen terceros”, dijo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
En el caso del Instituto Nacional, se interpuso una demanda contra los padres de los integrantes del Centro de Estudiantes, donde se individualiza a su directiva como responsables de la ocupación ilegal que se ejerció desde el 11 de noviembre al 4 de diciembre de 2019.
Según afirma la Municipalidad, "durante ese período se realizaron una serie de actividades en las que participaron estudiantes y también personas externas al liceo, las que fueron convocadas y documentadas por las redes sociales del Centro de Estudiantes. Entre estas actividades se encuentran una tocata realizada el 14 de noviembre y la visita de la barra 'Los de Abajo' para planificar futuras manifestaciones el 16 de ese mismo mes".
Al mismo tiempo, se presentó otra demanda contra los padres de las integrantes del Centro de Alumnas del Liceo Teresa Prats, quienes se tomaron el establecimiento entre el 5 de noviembre y el 24 de diciembre, dejando daños a la infraestructura avaluados en $10.253.370.
"Los padres no pueden desentenderse de las acciones de sus hijos. Por ser menores de edad, legalmente son ellos quienes deben responder por los actos de sus hijas e hijos, que se tomaron de manera ilegal los establecimientos y dejaron que ingresaran personas externas. Es tan simple como que si uno organiza una fiesta de manera ilegal en una casa ajena, y no es capaz de controlar a sus invitados, al menos debe hacerse responsable de los daños que ocurran", afirmó Alessandri.
Las otras dos acciones judiciales corresponden a querellas contra quienes resulten responsables por las ocupaciones ilegales del Liceo Confederación Suiza e Instituto Nacional Barros Arana, que dejaron daños por $9.297.000 y $4.832.000, respectivamente. En estos casos se optó por una figura legal distinta, al no poder individualizar con claridad a los responsables de convocar a la ocupación ilegal.