Son los niños más vulnerables, que han sufrido maltratos y abusos y no pueden vivir con sus familias, por lo que pasan a ser responsabilidad del Estado con la promesa de que serán protegidos.
En la teoría debería ser así, pero la realidad no puede estar más lejos de ello.
Una exhaustiva investigación realizada por el Poder Judicial, con ayuda de la Unicef, determinó que actualmente se cometen graves y severas violaciones a los derechos de los niños y jóvenes a cargo del Estado.
Con una inversión de más de 200 millones de pesos, ambas instituciones destinaron una comisión encabezada por la jueza Mónica Jeldres y compuesta por tres magistradas de los tribunales de familias, una doctora en derecho y la socióloga de la Unicef, Carolina Bascuñán.
Los primeros informes abordaron las condiciones de vida de 6.500 de los 15 mil niños que deben ser protegidos por el Estado y para ello revisaron sus expedientes, visitaron los centros donde residen, realizaron entrevistas reservadas y encuestaron a 384 menores de más de 60 proyectos en el país.
El resultado de este trabajo es realmente alarmante. Por ejemplo, en un hogar de niñas en Arica se detectó una red de explotación sexual organizada por sus guardadoras y en Punta Arenas, un centro a cargo de monjas fue notificado por violencia y medicación sin supervisión a niños que, incluso, debieron recibir tratamiento de desintoxicación.
Eso no es todo. Además de la violencia física y verbal de parte de los adultos, también se detectaron abusos y maltratos cometidos por otros niños o jóvenes internados.
Cada una de estas conductas, consideradas como peligro inminente para la salud física y psicológica de los niños, fue conceptualizada como situaciones de "alto riesgo".
Así, la investigación determinó que en la región de Arica se visitaron tres hogares y en dos de ellos se detectaron situaciones de "alto riesgo"; en Antofagasta se revisaron cinco residencias y en cuatro se descubrió "alto riesgo"; en Coquimbo, uno de los tres proyectos visitados fue calificado de "alto riesgo"; en Valparaíso, 18 de los 24 hogares presentaron "alto riesgo"; en el Maule, ocho de 11 presentaron situaciones de "alto riesgo"; en Los Ríos, uno de los dos proyectos visitados resultó de "alto riesgo" y en Los Lagos, de los 6 proyectos visitados, tres son de "alto riesgo".
El problema es que los resultados de la investigación han sido acallados por el mismo Poder Judicial que dirigió el estudio.
Al determinar que todas las situaciones detalladas antes son reales, la comisión Jeldres recomendó a los jueces intervenir inmediatamente las residencias e investigar los hechos. Para esto, la Unicef procesaría los datos y los enviaría a los jueces locales.
Sin embargo, los informes fueron entregados en marzo y nada ha ocurrido hasta ahora, por lo que se entiende que los maltratos y abusos sexuales denunciados se mantienen.
VERSIONES ENCONTRADAS
¿Por qué esta información se ha mantenido en silencio? La Corte Suprema, consultada por Ciper, señaló que antes de hacer públicos los datos y tomar acciones, se decidió pedir nuevos antecedentes.
Ante el poco interés por explicar la retención de estos informes, los rumores de pasillo indican que la nueva encargada de la comisión (debido a un cambio en el equipo realizado a principios de año), Gloria Negroni, y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño, se oponen a difundir la investigación pues consideran que están mal hechos.
Las versiones también apuntan a que no consideraron válido obtener los datos sobre abusos sexuales a través de encuestas y entrevistas con los niños, por lo que se habrían solicitado cambios en los informes a los que la Unicef accedió y también despidió a Bascuñán.
Sin embargo, la organización internacional y la misma socióloga desmintieron esta información.
De hecho, Bascuñán reafirmó a Ciper que el Poder Judicial cuenta con los graves datos desde marzo y que sólo pidieron que la Unicef no los entregara a los medios de comunicación para proteger a los niños y evitar la alarma pública.
"Unicef pidió que si se tomaba la decisión de trabajar esta información en forma interna, Unicef necesitaba tener un informe de las acciones que se habían adoptado para mejorar el sistema residencial. Hasta donde yo sé esa información no ha llegado de vuelta", señaló la socióloga.
Los únicos que fueron investigados fueron los hechos flagrantes denunciados ante tribunales sobre los hogares de niñas en Arica: Ajllasga y Sariri. En el primero se detectó la red de explotación sexual, seria falencias en la infraestructura, nulo cuidado médico y abuso de drogas; en el segundo condiciones denigrantes de vida.
La Comisión Jeldres también contiene estos datos, pero lo preocupante que es mucho de lo descrito estaba en conocimiento de las autoridades del Sename y de la Seremi de Justicia, sin que se tomaran medidas para mejorarlos.
Así, la investigación no sólo responsabiliza a adultos que abusaron y maltrataron a los niños y jóvenes, sino a un sistema que hizo y sigue haciendo caso omiso a las graves vulneraciones que afectan a quienes deben proteger.