La ONU criticó el uso de la prisión preventiva en el caso de algunos detenidos en el contexto del estallido social, enfatizando que se trató de una medida "excesiva" y con un uso prolongado, el que también significa un problema en tiempos de pandemia.
"La prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción", advierte en un informe, agregando que la utilización "prolongada de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos".
El escrito publicado este lunes sostiene que "es obligación del Estado de velar por las garantías del debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva", manifestando que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una 'pena anticipada', más que como una genuina medida cautelar".
Por otro lado, recalcan que "existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos", precisando que no lograron tener el número actualizado de este tipo de casos.
Deuda en reparación a las víctimas
"Valoramos los esfuerzos del Estado (...) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales", subrayó el representante de ONU DD.HH. en América del Sur, Jan Jarab.
En el mismo informe, se detalla un "uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas" y subraya casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros "no prestaron asistencia a personas heridas".
También constató "hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas" durante las marchas, que se han reactivado a propósito del segundo aniversario del llamado "estallido social" y que estuvieron suspendidas durante los meses más duros de la pandemia.
"Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida", aseguró Jarab.
Acceso a la justicia
Sobre acceso a la Justicia, la ONU destacó en su nuevo informe los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar los casos, pero apuntó que "los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones", pues apenas hay condenas contra agentes por violaciones a los derechos humanos.
También señaló que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia policial presentan "limitaciones que no garantizan una reparación integral" y constató "una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público" sobre los abusos de las fuerzas de seguridad.
"Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo", concluyó el funcionario internacional.
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