Luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyera en su informe final de Estudio de Mercado de Notarios que se debe realizar una reforma estructural en este rubro laboral, la que podría traducirse en ahorros cercanos a los US$149 millones anuales para al país, desde la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile rechazaron estas conclusiones.
El gremio calificó de "lamentables" los "términos ofensivos que la FNE utiliza para desacreditar las observaciones que se formularan a su pre-informe sobre el sistema notarial, lo que resulta inexplicable tratándose de un organismo público del que se espera un grado razonable de imparcialidad".
La Asociación indicó que "el notariado es una institución jurídica, no económica, que, tal como ha sido reconocido por todos, es relevante y eficaz para el ordenamiento jurídico y la economía nacional", lo que se ve traducido tanto en los informes como en la calificación de las personas, que según detallan en el texto alcanza la puntuación de 5.97, de 1 a 7.
A su vez, sostuvieron que resulta "incomprensible que este organismo haya omitido aspectos fundamentales que se relacionan con el aporte que genera este servicio jurídico a las personas y al Estado".
Los notarios aseguran que la FNE no considera en su estudio "el ahorro vinculado a la justicia preventiva. Si sólo el 12% de las actuaciones derivaran en litigio para acreditar hechos ya establecidos en sede notarial, el Estado debería duplicar el número de tribunales, cuyo presupuesto anual, es de, aproximadamente, US$ 600.000.000. En esta materia, ignora también el mayor costo transaccional que significa para las personas, la judicialización".
Otro de los aspectos mencionados por los notarios que no ponderaría el informe es "la pérdida, por parte importante de la población, de muchos servicios vinculados al rol social de este sector, como el ser orientador, consejero y configurador de documentos jurídicos y que la FNE califica, de manera inconcebible, como una labor 'mecánica'". En esa misma línea, señalan que no se considera ni valora "las cargas administrativas y las contribuciones a aspectos fundamentales para el interés nacional, como el caso de la vigilancia del pago de los impuestos, elecciones populares y otras, con costo cero para el Estado y las persona".
En resumen, los notarios establecen que el estudio de la Fiscalía Nacional Económica "presenta un sesgo metodológico importante, contradicciones e imprecisiones" que reflejan un "desconocimiento de la labor notarial", por lo que sus conclusiones "no son suficientes para fundamentar" las reformas formuladas.