La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez Pablo Ruz que procese a siete ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
El fiscal Carlos Bautista reclama que se dicten contra ellos órdenes de detención internacional, además de pedir a Chile la extradición de seis de los imputados y a Estados Unidos, la del séptimo; ya que a su juicio "la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile no ha sido efectiva".
Los involucrados son el ex director del organismo, Manuel Contreras Sepúlveda, considerado como quien ordenó el secuestro y asesinato; el capitán Guillermo Salinas Torres, jefe de la brigada Mulchén que perpetró el asesinato; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbé; el teniente Patricio Quiloth Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín. Además se solicitará la extradición desde Estados Unidos de Michael Townley por facilitar la casa en que fue torturado y asesinado Soria. La investigación también comprobó la participación del ya fallecido capitán Juan Duelmas.
Asimismo se estipuló que este asesinato se produjo dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena", en la que la DINA sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y más tarde, exclusivamente, ante Augusto Pinochet y fue simulado por sus captores como un accidente de tránsito.
Este proceso fue archivado en Chile en 1996 por la aplicación de la ley de aminstía pero según Bautista no obedeció "a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país". En España comenzó a investigarse desde 2001 a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares y que admitió a trámite el juez Baltasar Garzón.