Prisión preventiva para los 16 sospechosos de sostener una presunta red de prostitución infantil. El Tribunal competente no desestimó las pruebas entregadas por la Fiscalía y basó su dictamen en lo totalidad de los argumentos presentados "sin perjuicio de las observaciones presentadas por la defensa de los imputados", puntualizó el Juez Leonardo Varas al comienzo del dictamen final.
"La libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad" en el caso de todos los sospechosos dado que todas sus faltas se catalogaron como graves. "Estos delitos afectan la integridad de los menores de edad y se ha lucrado con ello", expresó el Magistrado justificando la peligrosidad social de los imputados.
El Tribunal dio crédito que los imputados Diego Méndez, Jaime Román, Giu Lin Tan, Gastón Ramírez, Jorge Choing, Pablo Soto Landa, Jing Shaan Huan y Daniel Opazo el delito de obtención de delitos sexuales por parte de menores de edad. Del mismo modo, concibió los hechos ante los antecedentes presentados por Fiscalía que Julia López, Marisol Mejías, Sonia Vázquez y Ana Rosales facilitaron e incitaron a las menores a involucrarse en la red de prostitución.
Varas también acreditó que en el caso de Guido Vallejo y Enrique Manzur no realizaron penetración a las menores, sin embargo, estableció que existieron tocaciones de caracter sexual de manera reiterada.
Respecto a la tenencia ilegal de municiones en el caso de Julia López, se acreditó la existencia de delito ante no poderse demostrar la debida inscripción de las armas y las balas en cuestión del imputado, advirtiendo la sentencia pertinente por dicho hecho.
Mismo dictamen en el caso de Enrique Manzur, a quien se le encontraron 143 cartuchos de bala en el allanamiento de su domicilio.
Del mismo modo, el Tribunal concedió la veracidad de las pruebas presentados por el informe de la BIPE que prueba lel delito de almacenamiento de material pornográfico infantil en el computador incautado al imputado Genaro Fernández.
20 HORAS DE AUDIENCIA
Luego de dos maratónicas jornadas de audiencia de formalización en la sala del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Magistrado Varas dictaminó las medidas cautelares para los 16 imputados por la existencia de una presunta red de prostitución infantil, descubierta dentro del marco de la "Operación Heidi" desbaratada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.
En la primera parte de esta audiencia realizada este lunes 19 de noviembre, el tiempo dio sólo para la presentación de pruebas de la Fiscalía que darían luces de la participación de los 16 imputados en una presunta red de producción y distribución de pornografía infantil. Ésta contempló más de 60 escuchas telefónicas, registros fotográficos y seguimientos programados.
Es así como el Ministerio Público pidió procesar a Julia López Lazcano, Marisol Mejías Garrido, Sonia Vázquez Luci y Ana Rosales Pinto por facilitación y promoción de la prostitución de menores.
En el caso de Guido Vallejos Pacheco, Jaime Román Canales, Diego Méndez Amor, Gui Lin Tan, Enrique Manzur Manzur, Patricio Matus Codoceo, Genaro Fernández Mautz, Daniel Opazo Fernández, Gastón Ramírez Armijo, Pablo Soto Landa, Jorge Chiong Pedraza, Jing Shann Huan, fueron formalizados por obtención de servicios sexuales con menores de edad.
Tanto López Lazcano y Manzur también se les presentó otra querella por tenencia ilegal de municiones.
EL DESGASTE DE LOS IMPUTADOS
La audiencia, debido a su larga duración, estuvo marcada por la presentación de síntomas de los problemas de salud de alguno de los imputados. Hay que considerar que gran parte de ellos son ancianos por sobre los 65 años de edad y considerando la suspensión de la sentencia les implicó pasar la noche en el Centro de Justicia, lo cual provocó que Guido Vallejos, Diego Méndez y Sonia Vázquez presentaron síntomas de desgaste y fatiga.
Ésta última, por ejemplo, debió ser enviada al centro penal para estabilizarla debido a una descompensación. Del mismo modo, Vallejos llegó en silla de ruedas y Diego Méndez, en medio de la segunda jornada de audiencias, pidió salir de la sala porque "no se sentía bien".
La presentación de las pruebas se extendió por casi 10 horas, razón por la cual se solicitó al Magistrado suspender la sesión hasta este martes.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
Desde las 9:00 hrs. de hoy se prosiguió con las alegaciones finales del Ministerio Público para luego recoger los argumentos de las defensas de los 16 involucrados. Entre ellas destacó la intervención de la parte querellante, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) quienes apuntaban que "veían esta actividad como trabajo legítimo".
Los principales argumentos de la defensa se centraron en cuestionar el proceso investigativo que llevó a cabo la Fiscalía, criticando los métodos utilizados (como las escuchas telefónicas) y el reconocimiento fotográfico de los imputados.
José Luis Andrés, abogado defensor de Pablo Soto Landa y Gastón Ramírez emplazó a Ministerio Público en la sala por no haber intervenido a tiempo, teniendo conocimiento de que las víctimas menores de edad estaban asistiendo al prostíbulo de San Isidro cuando la investigación comenzó hace cuatro meses.
La defensa de los imputados, como estrategia complementaria a denunciar las irregularidades del proceso, también se centró en arguir que los acusados de obtención de servicios sexuales de las menores, no tenían conocimiento de la edad de las jóvenes involucradas.
Cabe destacar que, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, denunciaban que las niñas envueltas en esta red de producción y distribución de material pornográfico fueron engañadas por las proxenetas, prometiéndoles trabajo como modelos instándolas a asistir a los locales de calle Lira y San Isidro a supuesta sesiones fotográficas. La mayoría de las menores procedían de comunas de bajo nivel socio-económico.
La audiencia es de formalización, la cual no tiene ningún efecto penal en los imputados.
