La mañana de este martes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que el Presidente Sebastián Piñera, enviará al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones contra quienes cometan delitos tales como robo con violencia o intimidación en contra de niños, personas menores de 14 años, mayores de 60 años, o en situación de discapacidad.
La iniciativa contempla un aumento en las sanciones respecto de aquellos casos en los que, con ocasión del delito, se produjese la muerte de un niño, adolescente, o cualquier persona, que, en atención a sus circunstancias de edad o salud, debiese ser objeto de especial protección por parte de la legislación penal.
Luego de muerte de Tamara, Itan y Tomás, Gobierno anuncia que enviará proyecto de ley que impondrá pena máxima cuando existan robos con violencia o intimidación; homicidio, violación que afecten a niños, adultos mayores, o personas en situación de discapacidad @24HorasTVN pic.twitter.com/kxvz5CTZu2
— Valentina ReyesAyala (@valentinareyes) March 16, 2021
Debido a lo anterior, según detalla el documento, cuando la víctima es un infante, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, se impondrá la pena en su máxima intensidad.
Esto quiere decir que en el robo con violencia o intimidación donde se produce homicidio o violación, la pena será de presidio perpetuo calificado, esto es, la privación de libertad del condenado de por vida, máxima sanción que contiene nuestro Código Penal.
"ENCERRONA"
Por otro lado, el proyecto también incluye un inciso nuevo para el Código Penal, el que busca tipificar de manera precisa la conducta de la denominada“encerrona”.
Así, se entenderá por "encerrona" a la apropiación de vehículo motorizado, realizada en la vía pública, mediante la obstaculización de ésta por medio de otro u otros vehículos motorizados, la que será sancionada con presidio mayor en su grado mínimo, esto es, pena de cárcel entre 5 a 10 años.
En tanto, en aquellos casos en que medie violencia o intimidación, que puede llegar a 20 años de privación de libertad.
Por último, el Gobierno reiteró "su absoluta condena de estos sucesos y su férreo compromiso de llevar adelante todas las acciones necesarias para que no exista impunidad frente a estos crímenes".
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