El rector de la Pontifica Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió a la demanda civil que esa casa de estudios interpuso contra el Estado debido al presunto incumplimiento del AFI.
"Había un consenso entre los rectores en que había que tener una actualización en los criterios de la entrega del AFI que se calculaba sólo con el promedio de la PSU de lenguaje y matemáticas (...) y rectores opinábamos que puntaje ranking, notas, regionalidad y vulnerabilidad de los estudiantes, entre otros", explicó.
El conflicto se generó luego de reuniones con la ministra de Educación, Adriana Delpiano y el subsecretario del Interior, Nicolás Eyzaguirre, quienes "aseguraron que independiente de los cambios que sufriera el mecanismo de asignación se iba a respetar el presupuesto de las universidades, porque esta repartición de recursos tiene cerca de 30 años de historia".
Sánchez explicó que en 2015 se disminuyó a la mitad la entrega del AFI al Consejo de Rectores y la otra mitad se entregó a través de otras partidas.
En tanto, este 2017 en la Ley de Presupuesto "no apareció la glosa del AFI y apareció cierto incremento en los otros fondos que daban la repartición del AFI en forma muy parcial (...) la compensación por ese concepto no se incorporó y el detrimento para todo el sistema del Consejo de Rectores era cerca de 9500 millones de pesos, para las Universidades del G9 cerca de 4500 millones y para nuestra universidad 1700 millones".
El rector de la PUC aclaró que la respuesta de Ministerio ante este panorama es que durante el año se verá si realizan alguna reasignación de fondos, lo cual calificó como "absolutamente informal en donde hay una seguridad que esos recursos existan".
Es por ello que la casa de estudios presentó una demanda civil bajo la figura de que el Estado "no ha cumplido una Ley vigente (...) el AFI corresponde a una ley que está vigente desde el año 1981 (...) no se puede permitir que el Estado en un año determinado cumpla unas leyes y otras no".
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