La sesión especial citada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y que se extendió por cerca de 3 horas, buscaba debatir en torno a la polémica licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), que se construirá en la Región de Antofagasta, adjudicada por CORFO a la corporación estadounidense (AUI), que integran universidades extranjeras y cuatro instituciones nacionales, y que dejó fuera al consorcio ASDIT, que agrupa a once universidades chilenas, entre ellas la Universidad de Chile, junto a empresas y centros tecnológicos internacionales en ámbitos de energía y minería.
La decisión de CORFO, que asigna US$142 millones por un período de 10 años a AUI, ha sido cuestionada en cuanto a su transparencia, plazos, y porque durante la evaluación de los proyectos se habría entregado información parcial a la comisión evaluadora en relación a la infraestructura de investigación comprometida por cada una de las propuestas, a las entidades que comprometían recursos y a los presupuestos. Lo que, según las actas dadas a conocer el pasado 11 de enero, habría influido negativamente en el puntaje otorgado a ASDIT.
Ante esto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivadi, explicó que “no logramos comprender cabalmente algunas declaraciones de CORFO acerca de los fundamentos de su decisión. Existe un conjunto de universidades norteamericanas de prestigio que efectivamente son fundadoras de UAI, pero que no participan como mandantes ni asociadas en este proyecto, no entendemos por qué han sido reiteradamente aludidas en el contexto de la propuesta adjudicada. Enfatizando esta contradicción, destacamos que una de las universidades mencionadas por CORFO por ser fundadora de AUI, en realidad, en este concurso participa de nuestra propuesta (MIT). Las únicas universidades realmente asociadas al proyecto adjudicado son la de Utah, la Escuela de Minas de Colorado y cuatro universidades chilenas”.
En relación a los cuestionamientos en cuanto a infraestructura, la autoridad universitaria detalló que aunque “se mencionó como elemento diferenciador que nuestra propuesta no comprometía la construcción de laboratorios en la Región de Antofagasta, en realidad si se incluye la creación de plataformas tecnológicas en ámbitos de energía solar, desalinización, hidrógeno, almacenamiento energético y minería verde”.
En cuanto al financiamiento, en la sesión se expuso que si bien las actas del Consejo de Corfo revelan que se habría informado a la Comisión Evaluadora que los aportes comprometidos por la propuesta de ASDIT eran de US$ 37.593.081, cuando en realidad la inversión directa total de ASDIT en la región es de cerca de US$ 84 millones, lo que sumado al aporte de I+D de SQM y la reinversión de ingresos por servicios tecnológicos de ASDIT por da un total de cerca de US$341 millones, antecedentes que no fueron considerados por Corfo durante la evaluación.
Otro aspecto que ha generado dudas son los puntajes otorgados por la comisión evaluadora es el aspecto de Gobernanza y Participación ya que, según las bases del concurso, todas las entidades patrocinantes de cada postulación debían otorgar un mandato, asumiendo membresías comprometidas con recursos para el desarrollo del ITL. Ya que CORFO habría exigido mejoras en la gobernanza de la propuesta de AUI a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU), que incluyó la obligatoriedad de incorporar la participación de universidades e industria de la región de Antofagasta. Sin embargo, y a pesar de estas falencias, la Comisión Evaluadora otorgó puntaje máximo en el rubro Gobernanza y Participación a dicha propuesta.
Finalmente, el Rector de la U. de Chile destacó en la Cámara Alta la relevancia de esta adjudicación, explicando que el ITL determinará, en gran medida, el futuro de la matriz productiva del país y el desarrollo científico, tecnológico y energético, lo que “incidirá decisivamente en nuestro crecimiento, calidad de empleo y relevancia de las exportaciones. Esto será determinante en la forma como se insertará Chile en el mundo”. Y añadió que “el Estado chileno, tal como lo han hecho países desarrollados, debe incentivar las capacidades tecnológicas propias, con impacto local y que generen sinergias entre la academia y el sector privado”.