La justicia decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de cinco carabineros formalizados por torturar a un transeúnte en Plaza Ñuñoa durante los primeros días tras el estallido social.
Según el dictamen la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se estimó que en el referido episodio sólo hubo violencia innecesaria, por lo que los uniformados quedaron en libertad con obligación de firma semanal y arraigo nacional.
De acuerdo a los antecedentes, la víctima fue identificada como Moisés Órdenes, mientras que su caso adquirió amplia notoriedad tras ser emitido en televisión y viralizado en redes sociales.
El abogado de uno de los funcionarios policiales involucrados, Jorge Villalobos, reconoció que junto a su cliente aceptaron la resolución "muy bien, obviamente no compartíamos en lo absoluto la calificación jurídica de tortura, nos parecía muy grave para el hecho, nadie está negando el hecho".
El jurista remarcó que "hay imágenes bastante claras de lo que ocurrió, pero no permitía configurar en ningún caso el delito de tortura, que era lo único, dado la gravedad de la pena, que estaba justificando la prisión preventiva que se había decretado, que es una medida extrema, y esa era nuestra lucha".
A juicio del profesional, la prisión preventiva en este caso era "una medida extrema" ya que "atenta contra el principio de inocencia, porque anticipa una pena, por eso es que estábamos muy en desacuerdo con la medida que había adoptado el tribunal y estamos muy satisfechos de que la Corte nos haya dado la razón".
Mientras, la defensa del afectado evalúa las acciones a seguir tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no es apelable.