El Instituto de Salud Pública (ISP) desarrolló una jornada de fiscalización a las farmacias de la Región Metropolitana para supervisar el cumplimiento de la nueva Ley de Farmacos.
El procedimiento detectó una serie de irregularidades que terminó con la clausura de una farmacia de la cadena Ahumada, la que no contaba con un químico farmacéutico en el recinto.
Un local de Salcobrand y otro de Cruz Verde fueron sancionados después que se detectará que los empleados trabajaban con el sistema denominado "canela", que consiste en ofrecer un medicamento más caro a los clientes, mecanismo que le genera un dinero extra al trabajador que realiza la práctica.
Las farmacias comenzarán un proceso de sumario y arriesgan multas de 1.000 UTM por trabajador.