El Servicio de Impuestos Internos (SII), se refirió al oficio enviado por la Contraloría, a raíz de la decisión del organismo de no perseverar en querellas contra grandes empresas mencionadas en las indagatorias por el financiamiento irregular a la política.
El SII explicó que dicho dictamen "no se relaciona con las últimas decisiones de este Servicio, sino con la oportunidad del ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere en materia penal, para las acciones destinadas a su persecución y sanción no se extingan por prescripción".
Además, en el documentos destacan que "todas las decisiones que adopta en materia de aplicación y fiscalización de las disposiciones tributarias, incluyendo el ejercicio de acciones penales por delitos tributarios, se basan en un exhaustivo y detallado análisis técnico de los antecedentes disponibles, considerando criterios históricos fijados por la institución y conocidos públicamente, lo que garantiza la objetividad y equidad en el trato a los contribuyentes, en absoluta concordancia con lo expresado por la Contraloría General de la República.
Respecto a las acciones penales por delitos tributarios, el SII explicó que "se fundamentan en procesos de Recopilación de Antecedentes que efectúa el Departamento de Delitos Tributarios (DIDET) y en un Informe Legal sobre las potencialidades criminales del caso elaborado por el Departamento de Defensa Penal, y se materializan dentro de los plazos de prescripción que establece el Código Tributario en esta materia".
A su vez, y por el caso de Carlos Ominami Pascual, en el que la Contraloría ordenó investigar la demora en el ejercicio de la acción penal, "Servicio como corresponde cumplirá con adoptar las medidas correspondientes para determinar si existieron responsabilidades administrativas en la materia".
Por último, señalan que durante los últimos dos años el organismo ha desarrollado 225 procesos de Recopilación de Antecedentes, 109 de los cuales corresponden a expedientes de causas por ilícitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de la política.
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