La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, se refirió al primer Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado el viernes por el Gobierno y analizó la forma en que el presidente electo Sebastián Piñera tocará estas materias.

La autoridad señaló a La Tercera que lo más importante de este plan es que instala una nueva mirada de Estado. "Esta iniciativa tiene una duración de cuatro años y el próximo gobierno tendrá que hacer seguimiento, cumplir el plan y formular un segundo instrumento, que seguramente incorporará otras materias o profundizará sobre las mismas. Y claro, el próximo gobierno podrá modificar algunas cosas, establecer distintas prioridades", dijo.

Además, acotó que espera que el futuro Mandatario no eche pie atrás a la iniciativa. "No se trata de una iniciativa de la centroizquierda o la izquierda chilena (…) Yo de verdad no creo que se pueda llegar y sepultar un instrumento que es por ley, tiene un comité interministerial, tiene un sistema de monitoreo, tiene seguimiento y la ciudadanía puede acceder a él libremente", recalcó.

Junto con enfatizar que no se referirá a un eventual cierre del Penal Punta Peuco, recalcó que tiene su opinión, pero que está sujeta a lo que diga la Presidenta Michelle Bachelet. "Ella lo tendrá que ponderar (el cierre), como lo hace también el ministro de Justicia, que es la autoridad administrativa a cargo, si los factores que se ponderan dan para cerrar o no Punta Peuco", precisó.

Inmigración

Respecto al estudio elaborado por el INDH que reveló que el 68% de los chilenos está a favor de limitar el ingreso de extranjeros y dos tercios se siente más blanco que las personas de países vecinos, la subsecretaria afirmó que "el chileno promedio es racista, es clasista, es homofóbico, pero son todas cosas que están cambiando gracias a la gente más joven. Esto se encuentra generalmente en los sectores de adultos mayores y en los sectores menos educados. Por lo mismo, la educación en derechos humanos será un factor clave para que vayamos caminando de manera conjunta" .

Sobre la Ley Antiterrorista, afirmó que no cumple con los estándares internacionales. "En ningún país las leyes antiterroristas, y eso es un consenso, incluyen delitos contra la propiedad. Y si lo constituyen, es de propiedades que tienen un valor estratégico, como el agua potable. Sí se requiere un cambio y encontrar una definición que nos deje tranquilos a todos y a todas", precisó.