Tribunal australiano aplaza fallo sobre extradición de exagente de Pinochet

Tribunal australiano aplaza fallo sobre extradición de exagente de Pinochet

Adriana Rivas mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella. En tanto, la abogada que representa a seis de las siete familias de las presuntas víctimas señaló que el aplazamiento responde a "una serie de retrasos" en el equipo legal de la acusada.

Agencia EFE
29.09.2020

Un tribunal de justicia de Australia aplazó el fallo sobre la solicitud de extradición de la chilena Adriana Rivas, presunta torturadora del régimen de Augusto Pinochet, para ser enjuiciada en su país por la desaparición en la década de 1970 de siete personas, entre ellas una mujer embarazada.

El magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur indicó este martes, cuando estaba previsto que anunciara su fallo, que necesita más tiempo para analizar el caso y retrasó su decisión hasta el 29 de octubre.

La acusada, quien compareció por videoconferencia desde la prisión en la que está recluida desde su detención en Sídney en febrero de 2019, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella.

Adriana Navarro, de la exagente de Pinchochet, dijo a Efe que el aplazamiento responde a "una serie de retrasos" en el equipo legal de Rivas durante el juicio.

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Por su parte, Peter Tsintilas, uno de los abogados de Rivas, comentó a Efe que se trata de "un asunto complejo" que necesita "digerir" el juez, al agregar que la defensa esperará la decisión para saber cuál será el siguiente paso a tomar.

La defensa de Rivas ha cuestionado la legalidad de la petición de extradición de Chile, aunque la fiscalía considera que la solicitud se ajusta a los requerimientos de la ley australiana.

El proceso para decidir sobre la extradición de la exespía de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llevar la batalla legal a la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.

Compatriotas esperaban el fallo

A las afueras del tribunal esperaban una veintena de activistas portando pancartas y fotografías de los siete desaparecidos al ritmo de la música del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado en 1973 por las fuerzas militares de Pinochet.

"Hoy día queríamos un resultado, hasta cuándo las familias pueden estar esperando", dijo una de las activistas que no pudo entrar en la sala por las medidas de restricción por la COVID-19, mientras otro anciano chileno remarcó: "Seguiremos hasta que se haga justicia".

Por su lado, la abogada Navarro recalcó que las familias de las presuntas víctimas de Rivas tomaron el retraso con tranquilidad dado que "han estado esperando más de 40 años una resolución para saber qué ha sucedido con sus seres queridos".

La chilena de 67 años presuntamente participó en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (Policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta entidad.

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Chile realizó la solicitud de extradición de Rivas en 2014, aunque después tuvo que ser modificado varias veces, por los casos de siete detenidos y desaparecidos afiliados al Partido Comunista de Chile en la década de los setenta.

Rivas está acusada de haber participado como miembro de la brigada Lautaro en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.

Rivas, quien vive desde hace más de tres decenios en Australia, en donde trabajó como niñera y limpiando casas, viajó en 2006 a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, pero logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.



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