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“Un Estado laico no debe imponer principios morales o religiosos”

Karen Atala manifestó su gratitud por la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sebastian Marchant

Viernes 14 de diciembre de 2012

El salón O’Higgins de la Cancillería, el Estado Chileno realizó el acto de desagravio a la jueza Karen Atala luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara realizar este reconocimiento y pagar una indemnización de unos 35 millones de pesos, por haber sido víctima de discriminación por su opción sexual.

En la ceremonia estuvieron presentes las autoridades de Gobierno encabezadas por la vocera, Cecilia Pérez, quien fue la representante directa del Presidente Sebastián Piñera.

En este acto, la jueza Atala intervino y aclaró que su opción de "vivir con una mujer fue sancionado con la pena más grave para una madre, que es quitarle sus hijos (…) al quitarme la tuición se afectó el desarrollo de mis hijas junto a su familia materna".

 

En cuanto a la leyes laborales para ambos géneros, la agraviada jueza destacó sus avances, pero lamentó que “los roles de géneros no han variado durante los años. Son estos roles los que produjeron la sentencia de la Corte Suprema, lo que contrasta con (las decisiones que toman) los estados modernos occidentales”.

En esta misma línea agrego que "las cosmovisiones religiosas no pueden ser parte de nuestras leyes.  No se condice con un Estado laico imponer principios morales o religiosos respecto a lo que es correcto o incorrecto".

Al cierre, agradeció a los organismos Libertades Públicas, Diego Portales y Corporación Humanas, quienes "apoyaron mi causa hasta la sentencia condenatoria hacia Chile. Estas organizaciones aportaron numerosos abogados en esta casi década de juicio".

Además, agregó que esta "sentencia  de la Corte Interamericana de DDHH viene a dignificar a las madres y padres homosexuales. A ellos dedico esta sentencia".

 

Karen Atala manifestó su gratitud

Karen Atala manifestó su gratitud

Karen Atala manifestó su gratitud por la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.