Hoy, la Superintendencia de Educación Superior (SES) comunicó el fin de la investigación en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio instruido a la Universidad La República (ULARE), en donde se instó al establecimiento a presentar un plan para subsanar diversas complejidades que la aquejan, rechazando la propuesta de la entidad universitaria.
Por ello, la SES propondrá al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la institución, lo que determinará su cierre y la reubicación de sus estudiantes.
Según documentó la superintendencia, la decisión se adoptó tras determinar que la crisis a nivel financiero, patrimonial y administrativo, hacen inviable el servicio educativo. Por ello, el Mineduc revisará antecedentes con el fin de comenzar con el proceso de revocación y cancelación de la personalidad jurídica de la ULARE.
Asimismo, se nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus alumnos, pudiendo para esos efectos proceder a la reubicación de estos en otras universidades.
Cabe señalar que el pasado lunes, la Universidad La República presentó a la SES su propuesta de plan de recuperación, el cual a juicio de la entidad estatal, no permiten subsanar la crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la institución, ni garantizar la continuidad del préstamo del servicio educativo.
Al respecto, el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, destacó que “el principal objetivo de la sanción impuesta a la Universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad".
"Sanciones como ésta dan cuenta que la nueva institucionalidad está funcionando, subiéndole los estándares exigidos a las casas de estudios, de manera de ir aumentando la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema y resguardando así la fe pública depositada por las personas en las diversas instituciones de educación superior del país”, agregó la autoridad.
En el documento, la superintendencia señaló que entre los hechos considerados para solicitar el cierre de la universidad está un creciente déficit financiero que no le permite a la Universidad contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales, la disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, decreciendo en un 37% desde el 2018 al 2020, el incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales con sus trabajadores, existiendo a la fecha al menos 4.105 deudas previsionales, multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo a la Universidad por un monto superior a los $102.000.000 y demandas en contra de la institución por más de $5.000.000.000.
Asimismo, ULARE sostiene deudas por pago de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725.724.091, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas, por más de $9.399.042.212, el incumplimiento en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes, la morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000, entre otras.
