La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al llamado que realizó Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), respecto al proyecto de "Estado de Excepción Intermedio" donde se permitirá a las Fuerzas Armadas resguardar rutas y carreteras.
La iniciativa es impulsada por el Ejecutivo frente a los hechos de violencia que han afectado a los transportistas en la Macrozona Sur. Se enmarca además en las movilizaciones donde los camioneros bloquearon distintas rutas del país pidiendo mayores medidas de seguridad.
Ante la propuesta de La Moneda, Llaitul hizo un llamado a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche".
A través del medio local Werkén Noticias, el dirigente acusó que la medida "no es otra cosa que un nuevo Estado de Excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital".
Consultada al respecto, Vallejo aseguró que la situación es "absolutamente condenable. No es parte de nuestra política y nosotros vamos a insistir en generar los espacios de diálogo, pero también cuando tenemos que hacer uso de lo que nos ordena nuestro ordenamiento jurídico y la Ley, lo estamos haciendo".
La titular de la Segegob afirmó que "queremos ser muy enfáticos en señalar cuál es el objetivo de las medidas que estamos adoptando para La Araucanía, el territorio Wallmapu, y el cómo queremos enfrentar los temas relacionados con la seguridad y la libre circulación".
"Eso es importante para no confundirse. Porque jamás el Gobierno, a través de sus acciones, está buscando ningún tipo de enfrentamiento", enfatizó, aseverando que "por el contrario, hemos sido enfáticos en señalar que nuestro camino es el diálogo".
La ministra recalcó que "estamos trabajando para atender los problemas de fondo que nos han planteado nuestras comunidades producto del conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios", explicando que "no lo podemos hacer si es que las rutas se ven permanentemente interrumpidas, coartadas por temas asociados a hechos delictivos o por paros de camioneros".
"Ese es el origen y la necesidad de avanzar con una política de protección de rutas, poder generar y garantizar la libre circulación y hacer que aquellas demandas de las comunidades en torno a educación, salud, agua y transporte puedan ser atendidas por el Estado", remarcó.
De esta manera, reiteró que "no es, en ningún caso, una medida de enfrentamiento. Y quien lo quiera tomar así está muy equivocado".