Decenas de víctimas de trauma ocular durante el estallido social de octubre de 2019 en Chile se tomaron este viernes las dependencias de Programa Integral de Trauma Ocular (PIRO) exigiendo al Estado una ley de reparación integral a dos años de haber sufrido agresiones, presuntamente, por parte de la policía.
Con un petitorio de once puntos entregado a las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los miembros de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular exigieron reparación para "todas las víctimas y supervivientes de terrorismo de Estado", así como horas de atención para apoyo psicológico y operaciones.
Además, el grupo solicitó tener "injerencia en toma de decisiones médicas, de lentes, tratamientos, asistencia social integral con nosotros, en las mesas de trabajo y profesionales traumas oculares".
De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional, a fecha de marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial durante la ola de protestas iniciada e 2019.
El proceso constituyente que actualmente se da en el país fue la vía política que encontraron los parlamentarios para amainar esta crisis social.
La Convención Constituyente que trabaja en la nueva Carta Magna se instauró en julio de este año y su objetivo es redactar antes de mayo de 2022 la nueva Constitución que sustituirá a la actual, vigente desde la dictadura militar y concebida como el origen de las graves desigualdades por las que tuvieron lugar las protestas.