El extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, João Vaccari, fue condenado este lunes a 15 años y cuatro meses de prisión por delitos vinculados al escándalo de sobornos de la petrolera estatal Petrobras.
La condena supone un nuevo revés para el partido de la presidenta Dilma Rousseff, quien enfrenta pedidos opositores de juicio político en el Congreso para destituirla menos de 10 meses después de haber iniciado su segundo mandato.
Acusado de organizar transferencias equivalentes al menos a US$1 millón para el PT procedentes de sobornos en Petrobras, Vaccari fue hallado culpable de lavado de dinero, asociación para delinquir y corrupción pasiva.
El extesorero de 56 años había sido detenido en abril y desde entonces su defensa negaba que hubiese recaudado donaciones ilícitas para su partido, sin convencer al juez de la causa.
“La corrupción generó impacto en el proceso político democrático, contaminándolo con recursos criminales”, sostuvo el juez Sergio Moro en la sentencia.
También fue condenado un exdirector de Petrobras, Renato Duque, a 20 años y ocho meses de prisión, así como delatores, un financista y un operador de la red acusada de desviar cientos de millones de dólares por contratos de obras en Petrobras.
Golpe "moderno"
Vaccari es el segundo extesorero del PT condenado por la justicia, ya que su antecesor en el cargo, Delúbio Soares, cumple una pena por el escándalo previo de compra de votos en el Congreso conocido como “mensalão”.
Aunque Rousseff no ha sido acusada en la justicia de beneficiarse personalmente de la red de sobornos en Petrobras, hay diferentes procedimientos en marcha que podrían derivar en la apertura de un juicio político a la presidenta.
Por un lado, el Tribunal Electoral analiza un pedido opositor para revocar el mandato de Rousseff bajo el argumento de que su campaña de reelección en 2014 recibió recursos de la corrupción.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas debe decidir si el gobierno usó indebidamente fondos de bancos públicos para disimular problemas presupuestales antes de las elecciones.
La semana pasada, diferentes partidos de oposición presentaron en el Congreso el principal pedido de impeachment hasta el momento contra Rousseff, a quien acusan de incumplir normas fiscales.
Aunque los analistas dudan de que la oposición reúna las mayorías especiales necesarias para destituir a Rousseff, algunas consultoras aumentaron en los últimos días hasta 45% las probabilidades de que haya un juicio político a la presidenta.
Con sus índices de aprobación debajo de un dígito y encuestas que señalan que dos tercios de los brasileños apoyarían un juicio político, Rousseff comenzó a responder de forma más directa a los intentos de acortar su mandato.
La semana pasada afirmó que “querer utilizar la crisis como un mecanismo para llegar al poder es una versión moderna de golpe”.
La presidenta también ha defendido la independencia de la justicia para investigar y castigar los desvíos en Petrobras.
El Tribunal Supremo brasileño prohibió la semana pasada a las empresas privadas financiar campañas electorales a partir de las municipales del año que viene, en procura de combatir la corrupción política en el país.