Acosado por un escándalo de corrupción, el gobierno del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pende de un hilo.
Aunque los pedidos de renuncia no han hecho más que incrementarse en los últimos días, Pérez Molina se mantiene firme y en un breve mensaje televisado en la noche del domingo descartó dimitir.
"No renunciaré y con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley corresponda", aseguró el mandatario.
Pérez Molina aseguró que se han hecho "señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea".
"Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación", indicó el presidente quien dijo sufrir un "embate político y mediático".
"Mi conciencia está tranquila. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad (...) mediante el debido proceso que no he sido parte ni mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo guatemalteco".
"Esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designe. Esto me obliga a pedir una disculpa pública (...) a pedir perdón a los guatemaltecos", agregó.
El caso
El cerco sobre el presidente se estrechó en las últimas horas luego de que el viernes fuera acusado por la fiscalía de liderar una red de defraudación fiscal.
La Fiscalía General solicitó el viernes ante la Corte Suprema el inicio de un antejuicio para retirar la inmunidad de Pérez Molina, de 64 años.
El mismo día su exvicepresidente, Roxana Baldetti, fue arrestada por su participación en el caso llamado "La Línea", una red de funcionarios y empresarios que presuntamente cometieron delitos contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Baldetti, quien renunció el 8 de mayo, fue detenida en una clínica privada y luego fue remitida a un cuartel militar de la capital.
La orden de detención contra la exvicepresidenta fue emitida por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Funcionarios judiciales y un organismo avalado por la ONU desmantelaron en abril una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas, y la fiscalía del país revelaron la investigación, que comenzó en mayo de 2014, de 40 casos de cobros ilegales y contrabando que operaba en las aduanas del país, dependientes de la SAT.
La red de corrupción operaba desde hacía más de un año y tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.
"Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti", aseguró el viernes el comisionado de Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez.
El comisionado aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti.
La fiscal general, Thelma Aldana Hernández, aseguró el viernes que existe una alta posibilidad de la participación de Pérez Molina.
"La documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las intercepciones telefónicas disponibles", aseguró Hernández, "llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea".
En caso de que la Corte Suprema apruebe el antejuicio, todavía es necesario que el Congreso emita su consenso para retirar la inmunidad al presidente.
Los parlamentarios ya rechazaron el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia.
De retirarle la inmunidad, el Ministerio Público podría investigarlo aunque si no se solicita su captura, podría seguir seguir en el cargo.
Meses de protestas
Desde la revelación del escándalo de corrupción, la capital del país ha sido escenario de manifestaciones para pedir la renuncia del presidente.
En los actos más concurridos, se estima que hasta 60.000 personas participaron, movilizaciones que el país no había visto en al menos tres décadas.
El tenor de las protestas llevó a que se realizaron comparaciones con la llamada "Primavera Árabe", el fenómeno de movilizaciones populares que convulcionó a algunos países del mundo árabe y Medio Oriente desde 2010.
Miles de personas volvieron a manifestarse el sábado en la plaza central de la capital y cientos se movilizaron frente a la Casa Presidencial este domingo para pedir la renuncia del mandatario.
Y la pérdida de apoyo a Pérez Molina alcanzó al propio gobierno. Dos ministros y tres viceministros presentaron la renuncia a sus cargos durante el fin de semana.
Rumbo a las elecciones
El escándalo de corrupción y la decisión de Pérez Molina, quien debe dejar su cargo el 14 de enero, de no renunciar se da en un momento delicado de la vida política del país.
El 6 de septiembre Guatemala irá a las urnas para elegir nuevo presidente, unos comicios generales en los que el actual mandatario no puede presentarse ya que el país no contempla la reelección.
El oficialista Partido Patriota marcha último en las encuestas, que favorecen al empresario conservador Manuel Baldizón, cuyo compañero de fórmula también ha sido acusado de estar vinculado a un caso de corrupción.
No se espera que ningún candidato alcance el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
Crisis política
Tras el anuncio del viernes, Pérez Molina perdió la confianza de la poderosa cúpula empresarial del país.
"Exigimos la renuncia inmediata de Pérez Molina", dijo el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Jorge Briz.
"El actual gobierno y el mandatario son impresentables", aseguró.
El Cacif hizo el pedido "en aras de la gobernabilidad y la transparencia y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad".
Previo al anuncio del presidente, el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, había asegurado que la única salida a la crisis era la renuncia de Pérez Molina.
"El sistema ya colapsó, nuestra democracia no da los resultados necesarios y este ya es un Estado fallido", aseguró, "más importante que la renuncia será cómo salimos de esta vorágine de corrupción".