Lleva poco más de dos meses en el poder, pero el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya ha sumado una serie controversias que incluso, en algunos casos, han generado el malestar de sus propios socios políticos.
En BBC Mundo te contamos cuáles son las principales cinco medidas cuestionadas y por qué generan polémica.
1. Gobernando por decreto
Cuando asumió Macri, el 10 de diciembre pasado, el Congreso ya había concluido sus sesiones ordinarias.
No obstante, eso no limitó la decisión del nuevo presidente de realizar varios cambios y modificaciones en el Estado que heredó tras 12 años de gobierno kirchnerista.
En vez de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, Macri optó por una herramienta que si bien es legal, no siempre es considerada legítima: los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Según la Constitución argentina, los DNU –que permiten dictar normas sin la aprobación previa del Congreso– solo pueden ser utilizados en "circunstancias excepcionales".
Macri los usó para imponer todo tipo de cambios: modificó aspectos tributarios, dio marcha atrás con un DNU de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner que lo obligaba a devolver dinero a las provincias, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal (CPP) y puso las escuchas telefónicas judiciales en manos de la Corte Suprema, entre muchas otras medidas.
Dos de sus DNU más polémicos fueron el de nombramiento de nuevos miembros de la Corte Suprema y otro que modificó la controvertida Ley de Medios aprobada durante la gestión de Fernández.
Opositores y hasta aliados del gobierno dentro de la coalición Cambiemos cuestionaron el abuso de esta herramienta y la decisión de Macri de evitar al Congreso, donde no tiene mayoría.
La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos incluso denunció al presidente. Pero el viernes último un fiscal federal rechazó la denuncia por considerar que si bien los DNU no siempre son legítimos, sí son legales.
Por su parte el gobierno dio marcha atrás con su postulación por decreto de los miembros de la Corte Suprema, algo que fue festejado por muchos.
Además Macri finalmente convocó a sesiones extraordinarias y el oficialismo acordó con la oposición el comienzo de sesiones de la Comisión Bicameral que a partir de esta semana analizará los DNU para ver si los aprueba o los rechaza.
2. Despidos masivos
Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, Argentina duplicó el gasto público en relación a su Producto Interno Bruto (PIB), algo que Macri prometió recortar.
Uno de los primeros lugares a los que apuntó las tijeras fue el empleo público. Se estima que hoy cerca del 10% de la población (unos 4 millones de personas) trabajan para el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal.
En 2003, cuando asumió el kirchnerismo, esa cifra ascendía a 2,3 millones.
Además, muchos empleados fueron nombrados en los últimos meses de 2015 por las autoridades salientes y a otros tantos se los pasó a planta permanente o se les renovó sus contratos.
Cuando tomó el poder, una de las primeras cosas que hizo Macri fue revisar todo el plantel estatal y dar marcha atrás con las nuevas contrataciones y las renovaciones en varios ministerios e instituciones públicas.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, presidenta del Senado, hizo lo propio con los empleados del Congreso.
Además, el gobierno removió a varios funcionarios y periodistas que trabajaban en los medios públicos.
Uno de los casos más emblemáticos de recortes fue el del Centro Cultural Kirchner (CCK) en donde el gobierno decidió no renovar los contratos del 85% de los empleados, por considerar que esos puestos no eran necesarios.
También puso fin a un acuerdo entre el Estado y algunas universidades a través del cual accedieron a cargos públicos miles de personas sin concurso, muchos de ellos militantes kirchneristas.
Los recortes estatales y la revisión de unas 24.000 contrataciones fueron apoyados por los simpatizantes del macrismo, pero muchos –incluso aliados– denunciaron varios casos de personas que llevaban años trabajando para el Estado y fueron despedidas injustamente.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el próximo 24 de febrero.
Por su parte, el gobierno defendió sus medidas y confirmó que ya son casi 8.000 los despedidos en la administración pública, entre ellos varios "ñoquis", como se llama a los empleados que no trabajan y solo se presentan los 29 de cada mes a cobrar.
3. "Tarifazo" y otros aumentos
Macri lo había anticipado durante su campaña electoral, pero eso no le ahorró críticas: el gobierno avanzó con su plan de eliminar los millonarios subsidios a la energía y anunció fuertes aumentos en los precios de la electricidad.
Se espera que el incremento de entre un 200% y 300% en el precio mayorista de la energía eléctrica lleve a que los contribuyentes que más consumen paguen en marzo hasta seis veces lo que venían abonando hasta ahora.
Si bien las cifras nominales seguirán siendo relativamente bajas (comparadas con otros gastos, como el costo del abono de la telefonía celular), el "tarifazo" llega en mal momento, ya que se suma a varios costos que aumentaron drásticamente desde que asumió Macri.
La decisión del presidente de poner fin al control de cambios, el llamado "cepo" al dólar, otra de sus promesas de campaña, llevó a una devaluación estimada en cerca del 40% en diciembre, lo que se tradujo en una marcada alza de precios.
Se estima que la inflación, calculada por el gobierno de Buenos Aires en casi 27% en 2015, subirá este año al 35%, según varios consultores económicos.
Ahora toda la atención está puesta en los próximos acuerdos salariales entre empresas, sindicatos y el gobierno (llamados "paritarias") que definirán el ajuste de sueldos a la inflación y podrían acelerar el incremento de precios.
4. "Fondos buitre" y la vuelta al mercado
Otro compromiso de campaña de Macri fue llegar a un acuerdo con los acreedores de bonos soberanos argentinos impagos ("holdouts") y en particular con un grupo de fondos de inversión que ganaron un juicio en la justicia de EE.UU. por el pago completo de su deuda.
A comienzos de febrero, el gobierno ofreció a los "fondos buitre" –como los llama– US$6.500 millones, una propuesta que contempla un recorte del 25% sobre la suma total adeudada.
Dos de los fondos aceptaron la propuesta, pero el resto aún debe definirse.
El gobierno dejó en claro que busca solucionar este pleito para poder volver al mercado de capitales y obtener créditos a tasas similares que sus vecinos.
Entretanto, anunció un acuerdo para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tome crédito de siete bancos privados por un monto de US$5.000 millones.
El economista Nicolás Bridger, de la consultora Prefinex, dijo a BBC Mundo que este préstamo no es considerado formalmente "deuda externa", ya que fue emitida por el BCRA y no por el Tesoro.
No obstante, algunos críticos del gobierno expresaron su preocupación por los posibles planes de endeudamiento del gobierno.
Citan como precedente la experiencia de Macri al frente del gobierno de la Ciudad (2003-2015), cuando la deuda se triplicó.
Además, resaltan el reciente anuncio del secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, quien afirmó que su país dejará de "oponerse a dar préstamos a la Argentina proveniente de bancos de desarrollo multilaterales, a la luz de los progresos y la positiva trayectoria económica del nuevo gobierno".
No obstante, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aseguró que el préstamo de los bancos será solo por un año y se usará únicamente en caso de que algún evento externo afecte a la Argentina.
En un tuit que publicó tras el anuncio de Lew, dijo además que el acceso a créditos de organismos multilaterales permitirá "mejores rutas, más escuelas, más inclusión".
5. La detención de Milagro Sala
Este martes, se cumple un mes desde que fue detenida en la norteña provincia de Jujuy la dirigente Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru y exdiputada provincial, quien en diciembre fue elegida diputada del Parlasur (el Parlamento del Mercosur).
Sus miles de simpatizantes la consideran una líder comunitaria que ayudó a los sectores más desprotegidos de la sociedad jujeña, en particular a los indígenas, a través de su agrupación, que obtuvo fondos estatales para la construcción de viviendas.
En cambio sus detractores, encabezados por el flamante gobernador de Jujuy Gerardo Morales –un aliado de Macri–, la acusan de graves delitos de corrupción y de haber montado un estado paralelo con fondos públicos obtenidos durante los años kirchneristas.
El pasado 16 de enero, Sala fue arrestada por "instigación a cometer ilícitos" y "sedición" tras liderar un prolongado acampe frente a la sede del gobierno de Jujuy, que incluyó el corte de calles.
La detención fue ampliamente criticada por sus simpatizantes y por agrupaciones de derechos humanos que denunciaron la "criminalización de la protesta social".
La organización internacional Human Rights Watch advirtió que "la figura de 'sedición' amenaza la libertad de expresión".
A finales de enero, horas después de que la justicia aprobara su excarcelación, se acusó a Sala de un nuevo delito: "fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y extorsión", por lo que permaneció detenida.
Si bien la causa –en la que se la acusa de haberse apropiada de casi US$2 millones de dinero público– está en manos de la justicia, muchos apuntan contra Morales y Macri –que apoyó el arresto de la dirigente– y consideran a Sala una "presa política".
Incluso partidarios del gobierno, que aprueban que la dirigente sea investigada, han criticado esta detención por considerar que hay muchos otros funcionarios acusados de corrupción que no recibieron una orden de prisión preventiva.
También el cambio de carátula de la causa fue ampliamente criticado.
Esta semana la polémica se amplió cuando la prensa local informó que el papa Francisco le envió a Sala un rosario bendecido, un gesto que muchos interpretaron como un apoyo a la dirigente.