Un consorcio empresarial que amenaza con parar los trabajos el 20 de enero. Un gobierno que advierte que endurecerá sus acciones para obligar a que se cumpla el contrato. Y mientras tanto crece el riesgo de que se suspenda una de las obras marítimas más importantes en lo que va del siglo.
Es el Canal de Panamá, que desde 2007 está en proceso de ampliación pero que ahora se encuentra en una profunda crisis que, en los últimos días, escaló a nivel diplomático.
La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, viajó al país centroamericano para mediar en el conflicto que inició a fines del año pasado, cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUCP), el responsable de la obra, anunció que suspendería operaciones si no se le pagaban más de US$1.600 millones por costos adicionales en la construcción de esclusas.
La polémica es intensa. El Administrador del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ha dicho que este sobre precio no se ha justificado, y el presidente panameño Ricardo Martinelli se dice dispuesto a ir "hasta la conchinchina" al defender los intereses de Panamá. "Esta obra se tiene que concluir porque es uno de los proyectos marítimos más importantes", subraya.
A su vez el GUCP aclara que nunca han buscado abandonar el contrato pero asegura que existe el riesgo de entrar en una situación "de estrés" en las finanzas del proyecto, le dice a BBC Mundo Pedro Alonso, vocero de la compañía Sacyr, que con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa forma parte del consorcio empresarial.
"Nosotros queremos seguir con la obra y lo que intentamos es establecer, dentro del marco contractual, soluciones junto con el cliente para dotar de la liquidez suficiente al proyecto en estos momentos", explica.
Por lo pronto, ese lunes la ministra Pastor se reúne con Martinelli y los representantes empresariales para tratar de solucionar el conflicto.
"IMPREVISTOS"
Los trabajos para ampliar el Canal de Panamá iniciaron en septiembre de 2007, y consisten en construir nuevas esclusas en la zona del Pacífico y el Atlántico.
Eso permitiría el paso de barcos de mayor envergadura a los que actualmente admite el Canal, lo cual aumentaría el volumen de carga que cruza por Panamá equivalente al 5% del comercio marítimo mundial.
La recaudación fiscal por el permiso de navegación también se duplicaría, reconoce el presidente Martinelli quien suele referirse al Canal como "nuestro petróleo".
Varias empresas participan en la ampliación pero quien obtuvo el contrato más importante, valuado en más de US$3.000 millones, es GUPC que inició operaciones hace más de cuatro años. El valor total del proyecto se estima en unos US$5.000 millones.
Sin embargo, el Grupo asegura que en el proceso de construcción se encontraron problemas geológicos no detectados previamente. "Después de todos estos años de obras han surgido costes imprevistos, algunos de los cuales pueden achacarse a que el proyecto no estaba completado en todos su términos", explica Pedro Alonso.
"Es normal porque un proyecto no puede prever todas las circunstancias que tienen efectos sobre todo en el terreno durante tanto tiempo".
El consorcio empresarial cree que los imprevistos son responsabilidad del ACP y por eso "hace muchos meses" solicitaron el pago de los nuevos costos.
"Nuestras reclamaciones creemos que están justificadas, que tienen todo el fundamento", insiste Alonso. "Queremos que el cliente agilice la toma de decisiones respecto de las reclamaciones, para que pueda mejorar la situación económica del proyecto".
Pero el Administrador del Canal de Panamá rechaza el argumento. "No podemos aceptar esos costos adicionales", subrayó recientemente Jorge Quijano. "No es que no vamos a pagar nada, es que vamos a pagar lo que se tiene que pagar".
DIPLOMACIA
¿Se puede suspender la ampliación del Canal de Panamá? El ACP asegura que en el contrato existen cláusulas para garantizar la continuidad de las obras.
Uno de los primeros pasos es contactar a la empresa con que se contrataron las pólizas de seguro e iniciar el proceso para cobrar las garantías, recuerda el administrador Quijano.
Mientras, GUCP insiste en que está dispuesto a encontrar una salida a través del contrato firmado pero el Administrador rechaza sus condiciones.
En la carta para informar de la próxima suspensión de las obras el consorcio empresarial aseguró que se basó en la sub cláusula 16.1 del contrato, pero según el representante del Canal ésta se refiere a un eventual incumplimiento de pagos, lo cual no ha ocurrido.
"De hecho, ACP paga a GUCP dentro de los primeros 15 días después que se presenta la factura, mucho antes que el plazo contractualmente señalado que es de 56 días", señala el Administrador en un comunicado.
Hasta ahora se han pagado US$2.831 millones a GUPC, incluidos unos US$160 millones por sobre costes.
Al final todo parece indicar que la solución quedará en manos de la diplomacia, es decir, en los acuerdos que se logren en las reuniones de la ministra Pastor y el presidente Martinelli.
Foto: Reuters