La agenda social del presidente de Chile, Sebastián Piñera, no ha logrado poner fin a las protestas que comenzaron a mediados de octubre y que se han convertido en el mayor estallido social de las últimas tres décadas.
La llamada "furia chilena" reclama cambios profundos que van desde el modelo de pensiones, la salud y la educación, hasta una reforma al sistema de impuestos y a la constitución del país.
El jueves, el gobierno y los senadores de oposición anunciaron un acuerdo de reforma tributaria, que tendrá su tramitación final en el Congreso.
La reforma, que tras años de negociaciones logró destrabarse en pocos días, incluye, entre otras cosas, la creación de dos impuestos dirigidos a los más ricos.
El primero es un nuevo tramo del impuesto a la renta del 40% para quienes tienen los más altos ingresos. Este tributo recaudaría US$200 millones de un grupo de 84.000 personas, quienes representan el 1% de los contribuyentes chilenos.
El segundo es un nuevo impuesto a las viviendas más caras (aquellas tasadas fiscalmente en US$500.000, pero cuyo valor comercial llegaría a US$1 millón). Este impuesto gravaría al 1% de los contribuyentes con mayores activos inmobiliarios.
A esas medidas se suma un aumento de las pensiones para las personas más pobres y la exención del pago de contribuciones fiscales para los adultos mayores.
"Esta reforma es la más progresiva que Chile haya visto", dijo Ignacio Briones, ministro de Hacienda, agregando que el acuerdo incluye otras medidas que favorecen a las pequeñas y medianas empresas.
El objetivo del acuerdo es recaudar US$1.000 millones en el corto plazo y unos US$2.000 millones cuando esté en plena operación.
"Le hemos pedido un esfuerzo adicional a los chilenos, porque vivimos un momento complejo. Hay demandas exigentes y tenemos que financiarlas con responsabilidad fiscal", agregó.
"Esto no habría pasado sin el estallido social"
"Es un acuerdo positivo, pero no es suficiente", le dice a BBC Mundo Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva de centro de estudios Observatorio del Gasto Fiscal.
Y esta reforma "no habría pasado sin el estallido social". Para la investigadora, los cambios anunciados son incompletos porque no incluyen la desigualdad de patrimonio, es decir, un impuesto a la riqueza, ni tampoco a las herencias.
Desde una perspectiva más amplia, la investigadora argumenta que el cambio tributario debería ser acompañado por reformas sociales a nivel estructural. Si eso no ocurre, advierte, la crisis social no terminará.
"Por ahora el gobierno solo ha ofrecido paracetamol, cuando nuestra sociedad necesita una cirugía para tener una sociedad más justa".
Von Wolfersdorff considera que hay suficientes estudios a nivel internacional que muestran que la desigualdad de patrimonio es mucho mayor que la desigualdad de ingresos.
"Un primer paso"
Andrea Repetto, economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, le dice a BBC Mundo que el acuerdo es un "cambio sustantivo", porque le permite al Estado recaudar más fondos y está dirigido a las personas que tienen mayores ingresos.
Antes de las protestas, argumenta, el gobierno de Piñera había presentado otro proyecto de reforma laboral "que le reducía los impuestos a las personas que son dueñas de las empresas más grandes del país".
Sin embargo, el nuevo acuerdo contiene un mayor nivel de recaudación fiscal y es más progresivo, "para que el sistema sea más justo, más equitativo", apunta la economista.
"Este acuerdo no era pensable antes de la crisis".
Y la reforma al modelo impositivo es una necesidad, argumenta Repetto, dado que "el sistema tributario chileno no redistribuye ingresos entre las personas que tienen más recursos y las que tienen menos".
Pero desde su perspectiva, el acuerdo para reformar los impuestos es solamente un primer paso de una agenda que debe ser más amplia.
En lo social, argumenta, "hay que subir las pensiones más bajas pero también las pensiones de la clase media porque son bajas en relación a sus ingresos previos".
También propone cambiar el sistema de salud porque a su juicio "la gente tiene una percepción de maltrato y eso requiere muchos recursos".
¿Qué pasó con el impuesto a la riqueza?
En las negociaciones previas entre el gobierno y la oposición, se había barajado la posibilidad de incluir un impuesto al patrimonio, que es una forma de gravar la riqueza y no solo los ingresos.
También estuvo sobre la mesa la idea de cobrar impuestos a los fondos de inversión privada, pero tampoco prosperó en la negociación final.
Con todo, los cambios acordados apuntan a conseguir el objetivo de aumentar la recaudación fiscal, fondos públicos que serán necesarios para financiar los reclamos de la población.
Según el ministro de Hacienda (quien asumió el cargo en medio de la crisis), parte del problema social en Chile es que el sector más rico del país cree que pertenece a la clase media.
Por eso dijo que la nueva reforma tributaria busca que "quienes tienen más, de verdad paguen más".
"La gente no es tonta", agregó.
Una de las preguntas que queda dando vueltas en el ambiente es por qué este acuerdo tributario no se hizo antes. Antes de que estallara la furia. Antes de que el país quedara sumido en una crisis sin precedentes desde que volvió la democracia al país.
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