La tradicional cuenta del Presidente de la República sobre el estado administrativo y político de la Nación, que se realiza cada 21 de Mayo, podría trasladarse al 4 de julio, fecha en que se conmemora la instalación del Congreso Nacional, a marzo, al 1 de junio o incluso a otra fecha.
El Senado tiene previsto votar en los próximos días un proyecto de ley en tal sentido, que ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución de esa rama del Legislativo, pese a que no cuenta con una opinión favorable del Ejecutivo.
La moción fue presentada por el RN Francisco Chahuán y el ex senador independiente Carlos Cantero, quienes proponen modificar la fecha de la cuenta pública del 21 de mayo al 4 de julio, como una forma de relevar el Homenaje al Día de las Glorias Navales. Este se desarrolla a unas cuadras del Congreso, en la Plaza Sotomayor, minutos después de que concluye la Cuenta Pública del Mandatario, pero que ha ido perdiendo audiencia debido a las violentas protestas en las cercanías del Congreso que en los últimos años han rodeado esa actividad.
"Durante los últimos años se han registrado diversas protestas en las inmediaciones de la sede del Congreso Nacional (...), tales actividades han servido para que diversos sujetos se infiltren en ellas con el solo propósito de provocar desmanes", señala el proyecto, y añade que a consecuencia de ello "esta tradicional ceremonia militar, de profundo arraigo en la ciudadanía, queda relegada a un segundo plano y disminuya ostensiblemente el número de asistentes a la misma, por el temor de resultar afectados por dichos ataques".
En la Comisión de Constitución, el proyecto fue aprobado solo en general -pese a constar con un artículo único- por los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Alberto Espina y Hernán Larraín. Estos, sin embargo, explicaron que no lo votaban también en particular debido a que deseaban que en la Sala del Senado se expresaran las distintas posiciones sobre una materia que es altamente opinable, al punto que hay varias fechas alternativas para la cuenta pública: marzo, el 4 de julio o el 1 de junio.
Dado que el proyecto modifica el artículo tercero del artículo 24 de la Constitución, que establece que el día 21 de mayo de cada año el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno, requiere de 22 votos (3/5 de los 37 senadores en ejercicio, al estar desaforado Carlos Bianchi) para ser aprobada.
Gobierno prefiere no innovar
El Gobierno, representado por la subsecretaria de la Presidencia, Patricia Silva, explicó que si bien cambiar la fecha de la cuenta pública parece ser un asunto inocuo, implica alterar un importante hito republicano y, en esa línea, el Ejecutivo prefiere no alterar la fecha del 21 de mayo para la cuenta pública.
Indicó dos razones fundamentales. La primera, que acaba de promulgarse la ley que establece la cuenta pública de los presidentes de ambas Cámaras durante el mes de julio de cada año, en sintonía con la conmemoración del primer Congreso Nacional.
Aunque la instalación de éste se realizó el 4 de julio, la cuenta pública de los titulares de ambas ramas del Legislativo se realizó este año, por primera vez, el 21 de julio, dado que esa legislación se aprobó recién el 13 de julio pasado.
La segunda, que los sucesos que conmemoran las Glorias Navales tuvieron lugar frente a las costas de Iquique y no en Valparaíso y que es en Iquique donde se efectúa la principal actividad pública de la Armada de Chile, la que es acompañada por buena parte de la ciudadanía. A juicio del Gobierno, esa ceremonia no tiene nada que ver con los desórdenes públicos que incidentalmente han tenido lugar en esa fecha en las ciudades de Valparaíso y Santiago.
Por lo mismo, Silva insistió en que no parece haber buenas razones para cambiar una tradición de casi un siglo, que hace coincidir la cuenta del Presidente con el día 21 de mayo, ni menos que ella debería empalmarse con el aniversario del primer Congreso Nacional, fecha que tiene una vinculación directa con la nueva cuenta que deberán rendir los presidente de ambas Cámaras.
Fechas alternativas
En el marco del debate participaron tanto los senadores como expertos. La contribución más novedosa provino del abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, José Francisco García, quien afirmó que no sólo resulta innecesario establecer la fecha en la Constitución, cuestión que debiese quedar entregada a la ley orgánica, sino que, desde la perspectiva de las fechas, podría considerarse más bien el 1 de junio como una más idónea que el 4 de julio.
A juicio de García, esa fecha está estrechamente vinculada con el día de celebración de la independencia de los Estados Unidos de América, mientras que el 1 de junio -como fecha alternativa al 21 de mayo- es la fecha en la que se celebró la cuenta presidencial entre 1833 y 1926, al estar vinculada tal fecha al inicio de las sesiones legislativas ordinarias.
Con García coincidió el senador PPD Felipe Harboe. Este explicó que si lo que se quiere es enmendar esta fecha parece ser más conveniente cambiarla para el día 1 de junio, pues en la Constitución liberal de 1828 -que por primera vez introdujo la práctica de la cuenta presidencial- se establecía que ese día abría sus puertas el Congreso Nacional, se iniciaba el período ordinario de sesiones y se recibía el Mensaje del Mandatario sobre el estado político y administrativo de la Nación.
En tanto, Pedro Araya señaló que la idea básica de la iniciativa es muy razonable, pues la cuenta pública del 21 de mayo ha restado presencia pública a la fiesta popular de las Glorias Navales. Expresó que no hay una fecha fija tradicional para la cuenta del Primer Mandatario, por lo que el Congreso Nacional puede fijar otro día para recibir el mencionado Mensaje Presidencial. Indicó que la idea del 4 de julio es perfectamente válida, al igual que otras que puedan formularse.
A juicio de Alberto Espina (RN), efectivamente el día 21 de mayo dejó de ser una fecha que diga relación con algún hito relevante de la actividad del Parlamento y sólo mantiene su trascendencia y significado en relación con la gesta heroica del Combate Naval de Iquique, y concordó también con que mantener la cuenta pública anual del Presidente de la República el día 21 de mayo va en directo perjuicio de la conmemoración de las Glorias Navales.
Y Hernán Larraín observó que el gobierno tiene razón cuando subraya que la cuenta anual del Presidente de la República es una tradición nacional genuina y que debe preservarse, como también lo tienen quienes afirman que ese rito de la democracia chilena se ha realizado en distintas fechas. E indicó que no es bueno confundir el cumplimiento de este deber constitucional con el recuerdo del Combate Naval de Iquique, porque la gesta del capitán Arturo Prat es la expresión más pura del sentimiento patriótico nacional y, por esa razón, merece tener una fecha reservada para su conmemoración.
El senador Alfonso de Urresti se mostró de acuerdo con la idea de separar la conmemoración del 21 de mayo de la cuenta pública que debe rendir el Mandatario, la que tentativamente podría quedar para el tercer domingo o lunes de marzo, pues con ello se lograría diferenciar ambas fechas y dar una suerte de inicio político a cada año.
La historia del 21
La tradición de que el Jefe de Estado dé cuenta pública del Estado de la Nación se instauró en la Constitución de 1828. Esta establecía como uno de los deberes del Poder Ejecutivo "dar anualmente al Congreso, luego que abra sus sesiones, razón del estado de la Nación en todos los ramos del Gobierno".
Luego, en la Constitución Política de 1833, se impuso a los Ministros de Estado la obligación de rendir cuenta ante el Congreso Nacional. “Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del Despacho darle cuenta del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios del Departamento de cada uno de ellos”, señalaba.
En la Constitución de 1925 se señalaba que "el Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 21 de Mayo de cada año, y las cerrará el 18 de Septiembre. Al inaugurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nación”. Esta tradición la inició el 21 de mayo de 1926 el Presidente Emiliano Figueroa y se realizó, de forma ininterrumpida, hasta 1973, cuando la Junta Militar la reemplazó por un discurso público del Comandante en Jefe del Ejército que tenía lugar el día 11 de septiembre de cada año, para el aniversario del golpe de Estado.
Luego, la Constitución de 1980 prescribió que “el Presidente de la República, a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del estado político y administrativo del país”. Si bien esta norma no fijaba una fecha determinada para cumplir con esta obligación, desde el restablecimiento de la democracia los Presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos reanudaron la costumbre de dar cuenta al país en la ceremonia de apertura de la legislatura ordinaria”, esto es, el 21 de Mayo.
La modificación constitucional de 2005 estableció que "el 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno". Esa reforma también suprimió la distinción entre legislatura ordinaria (que comenzaba el 21 de mayo y concluía el 18 de septiembre de cada año) y legislatura extraordinaria.