Por Claudia del Solar
La Sala del Senado comenzó este martes la votación del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, que establece la titularidad sindical y el no reemplazo de los trabajadores en huelga, como una forma de hacer efectivo este derecho.
Esta es la primera valla que deberá sortear el proyecto en el Senado, que ya fue aprobado en la Cámara, y que ha sido rechazado por los empresarios y la Alianza, además de algunos economistas vinculados al oficialismo, porque consideran que rigidiza el mercado del trabajo, en particular lo referido a la titularidad sindical, y podría llevar a la quiebra de las empresas al no permitir el descuelgue durante una huelga, cuestión que hoy está regulada.
Aunque había algún nivel de dudas sobre la postura de la DC, en torno a que podría pedir que se flexibilizara el proyecto permitiendo el reemplazo de los trabajadores en huelga, una clarificadora intervención de Ignacio Walker dio tranquilidad a sus colegas del ala izquierda de la Nueva Mayoría: su partido está a favor de la titularidad sindical y del no reemplazo en huelga.
Tal como ha explicitado el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, permitir el reemplazo "perfora la huelga efectiva, que fue lo que ha ratificado la Presidenta en todas las instancias".
El proyecto despachado por la Cámara de Diputados consagra la titularidad sindical, es decir, los beneficios conseguidos por el sindicato se extenderán a quienes estén afiliados a él. Además, prohíbe el reemplazo de trabajadores, eliminando la facultad del empleador de llenar temporalmente los puestos de trabajo con trabajadores propios o externos de la empresa.
En oposición, la iniciativa contempla la obligación de suministrar servicios mínimos, consagrando el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la misma o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, pidió a los senadores aprobar la reforma laboral, en el entendido de que "superar la desigualdad es un imperativo ético, social y político" y recordó que y en Chile el 14,6% de los trabajadores se encuentran sindicalizados, contra más de un 50% en los países de la OCDE, lo que implica que muy pocos trabajadores tienen posibilidades de negociar colectivamente. Y aunque dijo que este proyecto asegura tanto el empleo como la productividad, el Ejecutivo "está disponible para seguir escuchando, para convencer y ser convencido".
LUCES DEL DEBATE
En la DC, Ignacio Walker anunció su voto favorable y explicó que la idea es fortalecer el derecho de todos los trabajadores, el 15% de los que están sindicalizados y el 85% de los que no.
Advirtió que, al igual como lo hizo la DC en la Cámara cuando todos sus diputados votaron a favor la idea de legislar, en el Senado su partido está comprometido con las dos ideas fundamentales del proyecto, como son la titularidad sindical y el no reemplazo en huelga, despejando así la idea de que la DC podría votar a favor de alguna forma de reemplazo, especialmente luego de que el ex ministro Alejandro Foxley se manifestara hoy a favor de un mecanismo de reemplazo interno.
De la misma forma, Walker limitó los temas que se debatirán.
"Ya vendrá el momento de la discusión en particular y ahí tendremos que ver cómo perfeccionar la adaptabilidad laboral, definir los temas de representatividad sindical y extensión del derecho de los no sindicalizados, tendremos que definir bien los servicios mínimos, si el fin de una huelga lo decreta la directiva sindical o la asamblea de trabajadores y veremos ahí las indicaciones", afirmó Walker.
Carolina Goic (DC) se mostró igualmente favorable al proyecto tal como está -sin reemplazo y con titularidad sindical- y dijo que éste fortalece las organizaciones sindicales y, por lo tanto, mejora las opciones de negociar colectivamente.
Sobre la huelga, dijo que es "un instrumento de presión legítimo" y que la posibilidad de reemplazar a ciertos trabajadores en huelga que consagra hoy la legislación "constituye una clara limitación y, por lo tanto, hay que ponerle fin".
En la alianza, Hernán Larraín (UDI) aludió a encuestas que señalan que la mayoría de los trabajadores rechaza afiliarse obligatoriamente a un sindicato y rechazó la idea de que los empleadores y los trabajadores están en conflicto y son enemigos. Y dijo que esta reforma es parcial.
"No hay en este proyecto un esfuerzo especial por mejorar las condiciones de acceso al trabajo de mujeres y jóvenes y no hay preocupaciones por los trabajadores del sector público, los adultos mayores y por quienes hoy están cesantes", dijo el parlamentario, adelantando su voto en contra.
En tanto, el RN Andrés Allamand insistió en que esta reforma no protege el empleo y ratificó la disposición de su partido y sector para buscar "una corrección al proyecto", pero anunció que "lo vamos a rechazar igual porque tiene una arquitectura equivocada y está basada en una idea incorrecta, al establecer un estatuto de la huelga que no existe en ningún país del mundo y atrofiar la libertad de sindicalización".