En el marco de una auditoría realizada al Servicio Médico Legal (SML), la Contraloría General de la República presentó en octubre de 2015 ante el Juzgado de Cuentas un requerimiento en contra de cuatro funcionarios del organismo que incluye a su actual director, Patricio Bustos.

Esto debido a diversas irregularidades descubiertas en un contrato con la empresa de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones (TIC), Quintec. La firma forma parte del grupo Sonda, fundado por el empresario Andrés Navarro.

Según detalles del Informe Final N°584 dados a conocer por el medio El Ciudadano, se considera que el mencionado contrato, firmado en diciembre de 2007 con una duración de seis años y un costo total de $1.200.682.704, tenía por objetivo implementar "una plataforma que proporcione un soporte adecuado a las funciones del servicio y que constituya la base del proceso de acreditación y certificación institucional".

El propio documento, indica que lo anterior se traduce en proporcionar "una plataforma tecnológica de Hardware, Software, Comunicaciones y su respectivo soporte técnico" y "servicios de levantamiento, análisis y optimización de procesos de negocio; análisis, diseño, construcción, implementación, puesta en marcha, mantención y explotación de sistemas informáticos que permitan entregar un soporte global a los procesos del SML".

No obstante, la revisión de la Contraloría concluyó que los pagos efectuados a Quintec por los mencionados servicios "no se ajustaron a las condiciones y términos pactados" en el mencionado contrato.

Lo anterior tomando en cuenta que el acuerdo original establecía que los pagos se realizarían al término del cumplimiento de los cinco hitos establecidos. Ante ello, la auditoría impugnó un cambio en el contrato relativo a los pagos desde el SML hacia la empresa, específicamente en el hito n°4 del proyecto. Esto fue visado por la administradora del contrato, Magali Román Barrios, quien además notificó que su antecesor como responsable del convenio, Gonzalo Rovira Soto, fue quien alcanzó dicho acuerdo con Quintec.

PERJUICIO FISCAL SUPERARÍA LOS $120 MILLONES

Otras de las aristas cuestionadas tiene relación con una rebaja de una multa de parte del SML a Quintec por una falla en los servicios de comunicaciones registrada en los meses de enero y febrero de 2011 en la sede del organismo en Calama.

Pese a que en un principio se aplicaron dos multas (una de $34.367.648 correspondiente a enero y otra de $5.906.909 por el mes de febrero), el SML acogió una apelación de la empresa y rebajó la suma a un total de $7.516.953.

En una segunda instancia, la Unidad de Auditoría Interna del SML realizó un re-cálculo y estableció un total a cobrar de $62.343.257, válido por los dos meses. Luego que Quintec recurrió a la Corte de Apelaciones, ésta falló a favor de la empresa tomando como base que fue el propio SML el que aceptó las argumentaciones del proveedor, resolviendo rebajar finalmente el valor a los mencionados $7.516953.  

De esta manera, Quintec se "ahorró" una diferencia de $54.826.304, relativa a la cifra original de la multa y lo que finalmente se canceló.

La Contraloría señaló sobre esto que "el SML no ha velado por la correcta ejecución del contrato, en orden a hacer efectiva la multa establecida en dicho acuerdo de voluntades", omisión que se tradujo finalmente en "un ingreso no percibido por el servicio" y que -a juicio del ente fiscalizador- "produjo un detrimento en el patrimonio fiscal".

En definitiva, el total del perjuicio fiscal calculado por la Contraloría asciende a $120.334.098, cifra que entre los cuatro demandados, incluido el director Patricio Bustos, podrían llegar a pagar por haber incurrido "en una acción u omisión culpable en la administración del presupuesto público que la ley puso a su cargo".

Sobre la responsabilidad de Bustos, la acusación sostiene que en su calidad de máximo jefe del servicio "no actuó en forma diligente, permitiendo que se aprobaran los erróneos pagos por hitos del contrato con la empresa Quintec S.A", además de "resolver la rebaja de la multa" por lo ocurrido en Calama, generando con ello "un perjucio al patrimonio fiscal".

En cuanto a Gonzalo Rovira y Magaly Román, se sostiene que como administradores del contrato aprobaron los estados de pagos "sin ejercer la debida fiscalización y velar por el estricto cumplimiento" del convenio. Respecto a Rovira se agrega que este "no cauteló la correcta aplicación y recaudo de las multas pactadas".

Finalmente se apunta a Elsa González Aguilera, en su calidad de jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas del SML, del cual depende la Unidad de Tesorería, por aprobar los pagos presentados por los mencionados administradores.

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