Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) llegó hasta la oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII) para establecer una denuncia por eventuales infracciones tributarias en la emisión de facturas "ideológicamente falsas" por parte de la campaña de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet.
Hasta las oficinas ubicadas en calle Teatinos llegaron los diputados, Alejandro Santana, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y Paulina Núñez.
Al respecto, el diputado Santana señaló que "esta es una muy mala noticia para Chile, la Presidenta (Bachelet) va a tener que dar cuenta de sus gastos de campaña y de si hay ilícitos o no".
"Queremos dar una señal potente de que nadie está por sobre la ley, esperamos que en las próximas horas el SII cite a quienes tiene que citar, a los encargados de la campaña y a las personas que emitieron esta boleta. Esto no lo podemos dejar pasar", indicó.
Por su parte, la diputada Nuñez agregó que "con esto queda demostrado que urge una mayor transparencia en la rendición de las platas de las campañas. Lo que se está poniendo en duda es el visto bueno que dio el Servel a la rendición de la campaña"..
En concreto, el escrito apunta a Mariella Inés Fernández Melgarejo por la emisión de dos facturas a la campaña presidencial de Michelle Bachelet Jeria, las que ascenderían a los 240 millones de pesos.
"En efecto, las facturas habrían sido emitidas por doña Mariella Fernández por concepto de asesorías y trabajos publicitarios, sin embargo, los montos y la naturaleza de los servicios eventualmente prestados no dicen relación con la idoneidad profesional de la emisora, quien por lo que se informa carece de formación técnica o profesional. Más aun, llama la atención que de acuerdo a la correlación numérica de los documentos tributarios, se trataría de servicios inéditos, pues no hay facturas previas", señala el escrito.
Asimismo, se señala que Fernández es esposa de José Miguel Carcavilla, socio y director creativo de de la agencia Porta, la misma que prestó servicios a la campañas de Bachelet, en 2005 y 2013.
"Los hechos relatados precedentemente podrían constituir infracciones a lo dispuesto en el artículo 97 del Código Tributario, lo que configuraría un ilícito penal que solo podría perseguirse en sede criminal previa denuncia o querella del Servicio en la medida que procediesen penas privativas de libertad", señala el escrito.
Y se agrega: "Por ello, y con el objeto de resguardar el interés fiscal y perseguir eventuales infracciones tributarias, acompañamos estos antecedentes para que usted evalúe la pertinencia de proceder contra los eventuales responsables en sede criminal o administrativa (...) y deduzca las acciones administrativas o penales si los hechos denunciados revistieren el carácter de delito tributario".
Los parlamentarios adjuntan dos facturas y piden que Carcavilla -o algún representante de Porta- sea citado para prestar su testimonio