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Directorio de Newport aprobó aporte a campaña de Frei por $12 millones

Testimonio vincula a otra empresa relacionada con el grupo Said.

Carolina Acuña

Viernes 28 de agosto de 2015

En calidad de imputado declaró ante la fiscalía -el pasado 26 de junio- el ingeniero comercial Javier Said Handal, representante legal de Inversiones Newport Limitada, empresa vinculada al Grupo Said. Ello tras una citación del ministerio público en el marco de la investigación por delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.

El ejecutivo fue requerido por una factura emitida por la contadora Clara Bensan a través de su empresa Agesin por 12 millones de pesos y que figura en la contabilidad de Newport.

Javier Said admitió ante los fiscales que se trató de un aporte a la campaña presidencial de Eduardo Frei de 2009.  “Fue uno de mis hermanos quien recibió el llamado de la empresa Caburga –cuyos socios son sus primos- y le dijeron que querían un aporte para una campaña política de Frei, creo que era para la segunda vuelta por la fecha de la factura”, dijo Said. El documento fue emitido el 9 de diciembre del 2009, es decir, 4 días antes de la primera vuelta presidencial.

“Como nos pidieron un monto de dinero importante y para ayudar a la campaña política de Frei, lo sometimos  a la decisión del directorio y el directorio aprobó el aporte (…) luego uno de nosotros ordenamos que se girara el cheque a la encargada de finanzas de la empresa”, señaló.

Said Handal indicó  además que la factura fue incluida dentro de la contabilidad de la empresa del año 2010 como un gasto necesario para producir la renta ese año.

“Estoy casi seguro que nosotros rectificamos este año la declaración de la renta del año tributario 2010, por esa factura y le dimos tratamiento de gastos rechazado, pero no sé cuánto pagamos por ese impuesto y sus recargos”, declaró.

Al finalizar el interrogatorio señaló que no conoce a Clara Bensan ni a la empresa Agesin.

La declaración de Said fue derivada por el Ministerio Público al Servicio de Impuestos Internos por estimar que estos pudieran relacionarse con posibles delitos tributarios.

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