Dispar respaldo concitan en el gobierno y los partidos las propuestas del Consejo Anticorrupción que presidió Eduardo Engel. Y aunque tras cuatro meses el Congreso despachó el primer proyecto sobre probidad propuesto por ese grupo, la autonomía del Servel, otras propuestas clave del Consejo Asesor no fueron recogidos por el Ejecutivo o enfrentan reparos de las fuerzas políticas.
Reinscripción del padrón
La Comisión proponía que "dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo".
Pero el proyecto del Ejecutivo que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización solamente obliga a los partidos a llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados, ordenado por circunscripciones y comunas. "Se considerará actualizado el registro una vez que sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación, aquellas cuya inscripción no se hubiere completado de forma legal y aquellas que no hubieren sufragado en 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter nacional del partido".
Financiamiento de partidos
La Comisión Engel proponía un financiamiento basal, igual para todos los partidos. Así, su propuesta incluía "establecer un financiamiento público para el funcionamiento de partidos políticos, que permita que estos cumplan con sus funciones habituales de selección y formación de líderes, educación cívica y generación programática, entre otras".
Concretamente, se proponían 920 millones de pesos anuales, aproximadamente, para repartir de manera igualitaria entre todos los partidos legalmente constituidos; unos 3.680 millones de pesos anuales, aproximadamente, como aporte variable ligado a la representación repartido de forma proporcional entre los partidos, de acuerdo a la votación obtenida en la última elección de diputados; y unos 2.300 millones de pesos anuales, aproximadamente, destinados a cofinanciar las distintas actividades que realizan los partidos políticos, consideradas necesarias y positivas para la vida democrática nacional.
La propuesta del Gobierno, contenida en el proyecto del Ejecutivo sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia que se discute en segundo trámite en el Senado, elimina el aporte basal y establece dos clases de aportes públicos para el fortalecimiento de la democracia: un aporte trimestral para los partidos políticos que cumplan con las normas legales vigentes y que cuenten con representación en alguna de las cámaras del Congreso Nacional, y un incremento significativo en el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales, reduciendo el impacto y dependencia de los aportes privados para las campañas electorales.
Democracia y transparencia de las colectividades
La Comisión Engel proponía renovar los partidos políticos mediante cambios legales en sus actuales prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas, democracia interna y funcionamiento de cara a la ciudadanía.
Esto fue recogido por el Ejecutivo en su proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, que se analiza en la Cámara. Incluso se incluyeron dos propuestas clave de la Comisión: el equilibrio de género dentro de organismos directivos, y un estatuto de los afiliados que les garantice incluso cuestiones como un debido proceso.
El problema se suscitó con los partidos, pues algunos como el PC, el PS y el MAS de Alejandro Navarro se quejaron de un excesivo control del Estado. Esto porque si el proyecto del Ejecutivo ya era severo, las indicaciones del Ejecutivo ingresadas la semana pasada refuerzan ideas como la transparencia, al punto que entre la información disponible para el público deben estar todos los aportes, las transferencias de fondos públicas y privadas y las transferencias de fondos que perciban los partidos, incluyendo todo aporte económico entregado a personas naturales o jurídicas.
Los partidos también han expresado su preocupación porque el proyecto homogenice su cultura interna, por ejemplo, al establecer la paridad de género en sus directivas, o a otras exigencias como que deberán fundar el rechazo a la afiliación de una persona o que los estatutos deberán velar porque los candidatos sean determinados en condiciones de equidad y con criterios de elegibilidad.