Voto en las cárceles: Quiénes tienen derecho, la implementación y sus efectos políticos

Voto en las cárceles: Quiénes tienen derecho, la implementación y sus efectos políticos

A pocos meses de las Elecciones Presidenciales, la Corte Suprema ordenó establecer mecanismos para que se pueda votar en cárceles, y así respetar el derecho de los ciudadanos internados.

Francesca Cassinelli
11.05.2017

La Corte Suprema ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería a implementar mecanismos para que las personas que están privadas de libertad en distintos recintos del país puedan ejercer su voto en las próximas elecciones.

La medida emana de dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y que el organismo acogió en favor de 11 reos que deberían poder votar, casos que se suman a otros dos recursos que se resolvieron en febrero.

La Corte calificó de "ilegal" el actuar del Servel y Gendarmería, ordenando que se habilite el voto para aquellas personas privadas de libertad que sí deberían poder sufragar.

¿Quiénes no tienen derecho a voto dentro de las cárceles? Los mayores de 18 años que tienen nacionalidad chilena y no han sido condenados por pena aflictiva (condena mayor a tres años y un día) o delitos de índole terrorista.

El fallo de la Corte Suprema indica que Gendarmería debe velar porque se respete la condición de ciudadano de las personas que están privadas de libertad bajo su custodia y que el Servicio Electoral tiene las facultades para instalar locales de votación en un recinto penitenciario.

El director de Gendarmería, Jaime Rojas, comentó al respecto que en fallos anteriores se les ordenó colaborar con el Servel para favorecer la votación de los internos.

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"Nosotros ya acatamos el fallo (anterior) y notificamos al Servel que estamos disponibles para ello, pero son ellos los que tienen que organizar el proceso electoral y nosotros estaremos completamente disponibles para que se cumpla el fallo de la corte", comentó Rojas.

IMPLEMENTACIÓN

En febrero de este año -luego de que la Corte Suprema acogiera dos recursos de protección similares- el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, indicó que el organismo reconoce el derecho a voto, pero que de acuerdo a la normativa legal "resulta complejo, por no decir imposible, implementarlo cumpliendo con todas las condiciones que exige un acto electoral".

En la misma ocasión Jaime Rojas expresó, citado en La Tercera, que "habría que esclarecer materias que no resuelve el fallo, como por ejemplo los mecanismos de información, propaganda, vocales de mesa y acceso a la mesa".

Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídico Judicial del INDH, Jaime Bustos, indicó que la situación es una violación sistemática de un derecho. "Es de esperar que el Estado adopte las medidas para que en las próximas elecciones presidenciales este derecho no se vuelva a vulnerar", indicó Bustos.

El INDH indica que -de acuerdo a cifras de Gendarmería del año 2012- habría cerca de 13 mil personas privadas de libertad habilitadas para sufragar.
En un trabajo en terreno ellos han identificado alrededor de 70 casos de personas privadas de libertad que legalmente deberían poder hacer valer su voto.

EFECTOS EN EL PANORAMA POLÍTICO

¿Qué efectos tendría en el panorama político la habilitación del voto en los recintos penales? De acuerdo al analista político de la Universidad Mayor, Germán Silva, muy pocos.

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El especialista dice que -incluso si se lograra habilitar el sufragio, escenario que ve improbable- se trataría de una población muy acotada. "Es muy poco probable que influyeran en un distrito o en una circunscripción", comenta Silva a 24Horas.cl.

Sobre la posibilidad de que algún candidato político se aboque a conseguir el voto de la población que está en recintos penitenciarios, también lo ve muy difícil.

"Que alguien salga a buscar esos votos yo te diría que es muy poco probable, porque es muy impopular. A lo mejor podría ser uno u otro gesto. Algún operador político ir a un centro carcelario de mucha población, un perfil muy acotado", proyecta Silva.

Respecto a una posible tendencia en los votos de las personas privadas de libertad, el especialista también descarta alguna "sorpresa", primordialmente porque el acceso a la información en dichos recintos dificulta que tengan acceso al programa de un candidato, por ejemplo.

"Tengo la impresión de que se repetirían los mismos patrones que tiene la población, del ciudadano común y corriente", elabora el analista.



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