Lo mismo la empresa Inversiones y Comercio Capellán, propiedad de una de las hijas de Raúl Fuentes Quintanilla, Nicole Andrea Fuentes, que provee de material de guerra al Ejército y que también ha sido mencionada en la investigación. El padre de Nicole ya no aparece en la lista de proveedores, pero mediante el oficio N° 4068, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban los 1.400 millones de pesos.
Tanto Capellán como la firma de Raúl Fuentes, además de otra empresa ligada a la familia, se presentaban en conjunto a las licitaciones, por lo que aseguraban que alguna de ellas al menos se adjudicara algún contrato, según revela el periodista Mauricio Weibel, quién ha investigado a fondo este caso para The Clínic.
Tajamar, de propiedad de Juan Claudio Ilharrreborde, es otra de las empresas que está siendo investigada. 24horas.cl constató en la página web del Ejército que esa empresa sigue en el registro de proveedores para suministrar material para las labores administrativas de la institución. Lo mismo con otra empresa cuestionada, de propiedad de Waldo Pinto Gaete, vendedor de material de guerra en Arica.
Según explicó el diputado Jaime Pilowsky, estas empresas siguen en el registro porque para ser eliminadas como proveedor del Ejército se requiere modificar el decreto 746 de 2012, que regula a los proveedores del sector defensa, dado que éste no considera entre sus causales haber presentado facturas ideológicamente falsas, sino haber sido condenado por cohecho, o incurrir en prácticas antisindicales o declararse en quiebra.
Las dificultades de la Comisión
La Comisión investigadora, en tanto, deberá sortear algunas dificultades para indagar respecto de hechos en que la mayoría de los antecedentes son secretos. La Ley de Cobre tiene el carácter de reservada y la cantidad de dinero que existe actualmente en los fondos que son utilizados por el Ejército para la compra de armamentos y gastos operacionales es un misterio, pues éstos se depositan en en cuentas secretas, fuera de la Cuenta Única del Tesoro.
Otra dificultad es reunir los votos para aprobar una comisión investigadora cuya finalidad es establecer responsabilidades políticas. En esa línea, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, puso los antecedentes sobre el fraude en manos del entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, en abril de 2014 y la institución contrató una auditoría externa.
El actual jefe de gabinete, en tanto, entregó estos antecedentes a Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en la causa y designó un abogado.
Incluso el Ejército envió en marzo de 2014 un oficio reservado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, explicando las medidas que la Contraloría interna había tomado para mejorar el proceso de compras, no obstante no entregó mayores detalles del fraude.
Para Pilowsky, el fraude en el Ejército revela los peligros de la nula fiscalización. De hecho, existen versiones de los involucrados que señalan que se les pidió solo tramitar las facturas de los proveedores, pero no revisarlas, y que nadie verificaba los antecedentes de las empresas porque el sistema era demasiado lento. El diputado DC dice que una simple consulta a la web del SII habría revelado que las facturas de algunas empresas no habían sido timbradas en Impuestos Internos y, por tanto, eran falsas.
Pilowsky aclara que a su bancada le interesa hacer propuestas que permitan flexibilizar la ley para permitir que varios de los actos que hoy son reservados, dejen de serlo. "Hoy las compras del Ejército son reservadas, yo creo que un tanque todo el mundo sabe cuánto vale, lo reservado debe ser el software que lo hace funcionar".
Precisó que la idea final es mejorar los sistemas de control porque, según asegura, actualmente "nadie fiscaliza los recursos que gasta el Ejército". Hoy el Congreso no examina las inversiones en equipamiento militar y la Contraloría examina todas las cuentas del sector, pero no se pronuncia sobre ellas. "Lo fundamental es mejorar los sistemas de control y el registro de los contratistas, y cómo se ingresa y se sale de ese registro", dijo Pilowsky.
El relato de los hechos
Administrativamente, las facturas con cargo a la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a los proveedores. En dicho proceso participan necesariamente el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el Departamento de Planificación Financiera del Ejército y la Tesorería de esta institución, donde se realizan los pagos. Todos los involucrados están vinculados a estas unidades.
El caso estalló en marzo del año pasado, cuando se conoció el millonario fraude, amparado en el secreto impuesto por la Ley Reservada del Cobre. Este consistió en actuaciones realizadas por el coronel de Ejército Clovis Montero quien, cumpliendo funciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, habría presentado facturas adulteradas por un monto cercano a los 50 millones de pesos por concepto de reparaciones en vehículos militares que en la realidad nunca se realizaron.
Este monto, defraudado al fisco, se habría repartido en principio entre tres personas; Clovis Montero, el cabo de Ejército Juan Carlos Cruz y el proveedor del Ejército Francisco Huincahue. Juan Carlos Cruz habría facilitado la comisión de estos delitos dado su trabajo como auxiliar contable en la Dirección de Finanzas del Ejército. La versión de The Clinic dice que Cruz gastó unos 2.300 millones de pesos en el Casino Monticello, pero solo se ha publicado un documento emitido por esa entidad que acredita que gastó en 2011 unos 113 millones de pesos.
Posteriormente, en el mes de agosto del presente año, se hizo público un segundo fraude que involucraba a los mismos actores anteriormente individualizados. En este caso, el perjuicio fiscal ascendió a 53 millones de pesos, con facturas pagadas a la abastecedora de repuestos Frasim Ltda., de propiedad de Francisco Huincahue. De acuerdo a los antecedentes presentados por la defensa del cabo Juan Carlos Cruz, Montero le habría instruido que debía repetir las mismas acciones que realizó con el fraude anterior, y que consistían en simular firmas de visto bueno en los documentos mercantiles. El cabo declaró que accedió a esta petición ante la insistencia del Coronel Montero. En este caso, las acciones fraudulentas no pasaron inadvertidas a la Tesorería del Ejército y el cabo Cruz confesó los hechos a sus superiores. Se inició un proceso en la Justicia Militar, que al día de hoy no arroja resultados.
En mayo del 2014, se detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer, en operaciones que ascendieron a 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla. En septiembre del 2014 otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército señaló que desde el año 2011 alrededor de 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, completando un total de 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre que fueron pagadas irregularmente a un privado.
Estos hechos han dado lugar a dos procedimientos judiciales: Uno en la Justicia Militar, donde se involucra a los dos funcionarios del Ejército antes señalados, intruido por la fiscal militar Paola Jofré, de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. El otro, en la Justicia Civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, liderado por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte. Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa civil, por medio del abogado Raúl Llanos, quien sostiene que la investigación debe remontarse al menos hasta el año 2013, dado que el mismo coronel Montero habría reconocido que entre julio y noviembre de ese año habrían “repetido” la operación, por montos similares a los ya investigadas. De comprobarse aquella declaración, el perjuicio para el fisco ascendería a un monto aproximado a los 300 o 400 millones de pesos.