Por Francisco Pollak y Carolina Acuña
El fiscal nacional Sabas Chahuán salió a poner presión al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el caso de los hijos del senador Jorge Pizarro.
Ello porque a través de un oficio reservado firmado por Chahuán, dirigido al Jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII, Andrés Vio, el Ministerio Público puso en manos de ese servicio antecedentes que apuntan a la presunta comisión de delitos tributarios de parte de la sociedad VentusConsulting S.A., conformada por Sebastián, Benjamín y Jorge Pizarro Cristi, hijos del senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro Soto.
El documento –al que tuvo acceso exclusivo 24 Horas- señala que en su declaración de impuestos del año 2012, Ventus reconoció ingresos por 9 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo a la contabilidad de Soquimich que está bajo la mira de la fiscalía, la consultora recibió pagos por 18 millones de pesos durante ese mismo año. Es decir, habrían omitido la mitad de sus ingresos.
De acuerdo al artículo 162 del Código Tributario, en este caso sólo el Servicio de Impuestos Internos está facultado para presentar una denuncia o querella por tratarse de posibles delitos tributarios.
La consultora Ventus aparece mencionada en la denuncia que presentó el SII en abril de 2015. En ella se adjunta una lista de contribuyentes que habrían emitido a Soquimich facturas o boletas de las cuales no existe respaldo. Sin embargo, Impuestos Internos no han presentado acciones legales directamente en contra de la sociedad.
La sociedad de los hijos de Pizarro extendió facturas a SQM por 45 millones de pesos en total entre 2011 y 2012. En su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos, Sebastián Pizarro señaló que “el trabajo consistía en la entrega periódica de reportes verbales” que se realizaban mensualmente.
El abogado de Ventus, José Miguel Barahona, explicó a 24 Horas que la propia empresa notificó esta omisión a Impuestos Internos en abril pasado, dos años después de efectuada la declaración. Según el profesional, el error se debió al "extravío" de las respectivas facturas.
Tras ello efectuaron la rectificación correspondiente, por lo cual el pago de impuestos adeudados y eventuales multas está en proceso de definición en el SII. En todo caso, Barahona descartó que existan delitos tributarios y reiteró que no hay denuncias ni querellas en contra de la empresa.