El fallo del Tribunal Constitucional que calificó como "discriminatoria" la glosa presupuestaria que establecía la gratuidad en la educación superior cambió los planes del gobierno.
En un principio, el beneficio contemplaba a 220 mil estudiantes, de estos, 60 mil correspondían a institutos profesionales y centros de formación técnica, pero ahora las condiciones cambiaron y el Gobierno debe decidir cómo distribuye los recursos para cumplircon la promesa de gratuidad.
Hasta ahora una de las pocas certezas es que los estudiantes de las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) sí contarán con la gratuidad.
La alternativa que toma más fuerza consistiría en entregar aportes basales al Cruch y las mismas instituciones tendrían que realizar el descuento o no cobrarle a sus alumnos.
En el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales, se buscaría elevar el financiamiento a través del aumento de becas.
La glosa presupuestaria contemplaba a 10 mil estudiantes de las universidades privadas que no pertenecen al Cruch, quienes no podrían acceder ahora al beneficio.
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