Suma urgencia anunció el Gobierno para el proyecto de ley que regula la probidad en la función pública, el cual apunta a prevenir los conflictos de interés de las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
"Es importante continuar en el camino hacia una mayor transparencia de todos las personas que trabajan en el sector público, incluidos los ministros, parlamentarios e incluso el Presidente de la República. El objetivo del proyecto es que Chile pueda tener instituciones que ayuden a continuar avanzando a favor de la probidad y la transparencias", declaró el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.
El proyecto ingresó al Congreso el 03 de mayo de 2011 y para apurar su tramitación el Gobierno le aumentará su urgencia de simple –como está hoy- a suma urgencia la próxima semana.
El Ejecutivo reaccionó así frente a las críticas hacia el Congreso por el reportaje de Contacto de Canal 13, donde se evidenciaron conflictos de interés de varios parlamentarios, los que participaron en la discusión de varios proyectos que los afectaban directamente.
"Hay que valorar el trabajo del Parlamento y, por lo tanto, creemos que esta iniciativa legal colabora con su prestigio creemos de la mayor importancia recuperar la confianza que los ciudadanos tienes en las instituciones. Por ello esperamos que se apruebe a la mayor brevedad este proyecto y otros que van en la misma dirección, como son los que regulan la actividad de Lobby y el que perfecciona la Ley de Transparencia", señaló el titular de la Segpres.
LAS MAYORES EXIGENCIA QUE ESTABLECE EL PROYECTO
El proyecto sobre probidad aborda materias como la declaración pública de intereses y patrimonio, el mandato de valores y la enajenación de activos, y comenzará a discutirse en particular en la comisión de Gobierno y Constitución Unidas del Senado, tras ser aprobado en general en la sala.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno, contempla la obligación de incorporar en toda declaración de intereses y patrimonio los valores y participación en todo tipo de sociedades. Esta obligación es mucho más intensa y abarca mucho más información que la contenida en las actuales declaraciones, pues a diferencia de la modalidad actual ahora obliga a declarar no únicamente las sociedades que la autoridad posee directamente, sino también aquellas en que la participación es indirecta, es decir, a través de otras sociedades. Asimismo, exige que se enajenen las acciones que se poseen en empresas reguladas por el Estado o proveedores de servicios al Estado.
Además, el proyecto contempla sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones. En el caso de los Parlamentarios, si éste no efectúa de manera oportuna la declaración de intereses y patrimonio, la efectúa de manera incompleta o no la actualiza dentro de plazo, será apercibido por la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda, para que lo realice dentro del plazo de veinte días y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal, de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo.