Con la idea de apurar su tramitación, el gobierno puso suma urgencia a la discusión del polémico proyecto de ley que busca resguardar el orden público y endurecer las penas para quienes realicen tomas o cometan actos vandálicos en protestas.
La iniciativa es conocida como "Ley Hinzpeter", ya que fue impulsada por el ex ministro del Interior y actual titular de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, y ha causado severas críticas en la oposición, donde se considera que se busca criminalizar las movilizaciones sociales.
Gracias a la medida solicitada por el Ejecutivo el pasado 2 de octubre, el proyecto de ley debe ser despachado en un plazo máximo de diez días a partir del próximo 20 de noviembre.
Parlamentarios de oposición y organizaciones sociales reaccionaron con preocupación ante la decisión del gobierno. El diputado socialista Fidel Espinoza señaló la "Ley Hinzpeter" podría vulnerar "los derechos fundamentales de los ciudadanos".