El Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella interpuesta por el empresario y dueño de empresas Silca, Hugo Silva, por los delitos de estafa e inducción a la firma de un contrato en contra de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, representantes legales de Caval Limitada.
La querella busca dejar sin efecto el contrato mediante el cual Silca le compró a Caval tres terrenos en la comuna de Machalí, por la suma de $9.500 millones de pesos, bajo el argumento del cambio del plan regulador del municipio.
Debido a la querella interpuesta por Renovación Nacional a funcionarios públicos, el Jugado de Garantía resolvió individualizar a las personas querelladas - identificarlas con nombre y apellido- en lugar de "contra quienes resulten responsables" como indicaba el texto anterior.
Tras la decisión, la Fiscalía tendrá la facultad de solicitar diligencias, tomar declaraciones e indagar la posible participación de funcionarios públicos en el proceso del negocio.