A partir de este viernes comenzará a regir la nueva Ley de Lobby que obliga a integrantes de los tres poderes del Estado a transparentar sus reuniones con lobistas y gestores de intereses.
La iniciativa, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos y hasta hubo un intento del Senado, con el visto bueno del Gobierno, para aplazar su entrada en vigencia.
Esto, porque quienes soliciten audiencias con las autoridades -para influir en las decisiones- deberán rellenar un formulario. Además estas reuniones y los temas tratados deberán ser públicos, de no ser así podrán ser multados (entre 10 y 50 UTM).
Varios parlamentarios señalaron la necesidad de contar con un período de marcha blanca, para capacitar correctamente, y resolver el caso de los funcionarios de Cancillería, quienes han expresado sus reparos a publicar su agenda "por razones de interés nacional".
Finalmente, pese a las dudas, no se aplazó esta legislación y la normativa se deberá cumplir. "Esta legislación está al revés. Es una ley que tiene demasiados vacíos y que no considera el email y el llamado telefónico como acto de lobby", señaló el diputado DC Ricardo Rincón a El Mercurio.
"No he escuchado a nadie que diga que esta ley es buena", sostuvo también el senador RN Alberto Espina al diario La Tercera.
En tanto, el Tribunal Constitucional determinó que deberán ser públicas todas las audiencias o reuniones que sostengan con lobistas o gestores de intereses los diez ministros que integran este organismo. Además decidió transparentar las agendas de la secretaria del Tribunal, del Director de Administración y Finanzas y de tres relatores.