Los proyectos de exclusividad parlamentaria que fueron rechazados por los mismos involucrados

Los proyectos de exclusividad parlamentaria que fueron rechazados por los mismos involucrados

Una reforma constitucional para que los diputados y senadores solo pudieran trabajador como tales fue rechazada en la Comisión de la Cámara de Diputados en 2008. Otros proyectos similares jamás prosperaron en la discusión parlamentaria.

24Horas.cl TVN
08.06.2015

Claudia Del Solar

"En Chile no tenemos prohibición de que los parlamentarios podamos tener algunas sociedades en las cuales podamos realizar otros trabajos profesionales. No tenemos dedicación exclusiva al ámbito parlamentario, se pueden desarrollar otras actividades".

La frase corresponde al ahora ex ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza, horas después de que se revelara que, mientras era presidente de la Comisión de Minería, trabajaba a través de su empresa Virtus Consultores asesorando a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

En su calidad de integrante de dicha comisión desde marzo de 2014, Insulza votó a favor del aporte extraordinario de capital de Codelco, mientras su hermana asesoraba a la empresa a través de Sistema Consultores, que el ministro fundó, pero dejó en 2006, cuando fue electo diputado.

El bochorno de Insunza -quien renunció el domingo tras dos días de reproches éticos y pérdida de apoyo- podría haberse evitado si los propios parlamentarios hubieran regulado la situación en 2008, pero votaron en contra precisamente las dos medidas que condenaron a Insunza: trabajar siendo parlamentario en una segunda actividad y votar proyectos que pudieran afectar a ellos mismos o sus parientes.  

En diciembre de 2006, en el marco de la presentación de una agenda anticorrupción motivada por los escándalos de ChileDeportes y el uso de bienes fiscales, la propia Presidenta Michelle Bachelet señaló la inconveniencia de que los parlamentarios se dedicaran, paralelamente a su labor parlamentaria, a ejercer sus profesiones liberales, sus oficios o a administrar sus empresas y negocios, al contrario de otros funcionarios del Estado que -de acuerdo a las leyes que emanan del mismo Parlamento- deben dedicarse por entero y con dedicación exclusiva al ejercicio de su función pública, como sucede con las personas que son elegidas por el sistema de Alta Dirección Pública.

"Los parlamentarios no pueden tener participación en sociedades que se vinculen o relacionen con órganos que puedan ser objeto del ejercicio de atribuciones exclusivas de la Cámara o del Senado", señalaba el proyecto de reforma constitucional. Con dicha norma, un diputado o senador no podría ser socio de un estudio jurídico que litiga ante los tribunales superiores, toda vez que a la Cámara y al Senado les corresponde resolver las acusaciones constitucionales que se interpongan contra dichos magistrados y, asimismo, el Senado resuelve los nombramientos de los Ministros de la Corte Suprema.

Además, la reforma prohibía a los parlamentarios actuar como mandatarios o abogados en cualquier clase de juicio, no solo en aquellos contra el Fisco. La razón: el poder que tiene un congresista respecto de los jueces.

Asimismo, proponía que fuera causal de cesación en el cargo que un diputado o senador promoviera o votara asuntos en el Congreso que interesaran directa o personalmente a ellos o a sus parientes más cercanos. "Es un asunto muy serio que un diputado o senador obtenga ventajas o genere desventajas personales al aprobar o rechazar, por ejemplo, una ley. Eso no apunta a preservar la respetabilidad y la dignidad del cargo parlamentario", señalaba la proposición de Bachelet.

Aunque el proyecto se convirtió en la Ley 20.414, en el camino se perdieron varias regulaciones que hoy le pesan a varios parlamentarios.

El persistente Burgos

En junio de 2008, durante su discusión en Sala, la Cámara Baja comenzó por rechazar la obligación de diputados y senadores de dedicarse exclusivamente a la actividad parlamentaria, pese a la ferviente defensa que hizo de ese artículo el actual ministro de Interior y entonces diputado, Jorge Burgos, argumentando que el sueldo justificaba la dedicación exclusiva.

Todo había partido en la Comisión de Constitución, que debatió el proyecto entre 2006 y abril de 2008. El Ejecutivo, representado por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, había fundamentado la dedicación exclusiva señalando que a los parlamentarios se les elegía para que ejercieran en plenitud sus funciones, es decir, un congresista no podía cumplir una jornada completa como profesor o médico, lo que no significaba que no pudiera de vez en cuando atender enfermos o dictar clases. Lo que se le exigía es que tuviera su mente dedicada al trabajo legislativo.

La proposición fue apoyada por Burgos, Patricio Walker y el fallecido Juan Bustos, pero contó con el rechazo del actual diputado PPD Guillermo Ceroni, quien dijo que le parecía "inductora a confusión e incluso perjudicial" y estimó que si un parlamentario no se dedicaba a su zona no sería reelegido. 

En la Alianza, además del RN Cristián Monckeberg, el UDI Edmundo Eluchans opinaba que la disposición, si bien era válida, no debía estar en la Constitución, pues los parlamentarios no tenían horario y lo que se entiende por "dedicación exclusiva" debía explicarse en una Ley Orgánica.

El hoy senador Pedro Araya presentó junto a Walker una indicación para establecer que “el cargo de senador y diputado es de dedicación exclusiva. La ley orgánica del Congreso Nacional determinará la forma en que se ejercerá dicha exclusividad". La indicación terminó rechazándose, igual que la proposición del Ejecutivo, tal como lo dispone el Reglamento de la Cámara luego que no se quebrara el empate tras tres votaciones sucesivas. Una proposición del diputado Burgos para reponer ese artículo en la Sala no prosperó.

Tampoco se aprobó en la Comisión elevar a rango constitucional las sanciones a quienes votaran proyectos en los que puedan verse beneficiados ellos o  sus parientes, cuestión que está en la Ley Orgánica del Congreso, pero que no incluye sanciones como la pérdida del escaño. Inicialmente se aprobó este ítem, pero se le agregaron tantos apéndices -que también perdiera el cargo el diputado o senador que comprometiera el honor o la seguridad de la Nación o que se le inhabilitara por cinco años para postular a cargos de elección popular- que el Ejecutivo terminó retirando el artículo.

La arremetida de Walker

Tras el rechazo del Congreso dos diputados intentaron enmendar el rumbo y establecer en la ley que la función parlamentaria es de dedicación exclusiva. En marzo de 2007, el entonces diputado Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley -que fue archivado el 2010 luego de no tener movimiento-  que prohibía a los parlamentarios ejercer otras labores y sancionaba la transgresión de esa norma.

La propuesta de Navarro señalaba que "los diputados y senadores deberán dedicarse exclusivamente a la labor parlamentaria, salvo las relativas a la labor docente, que no podrá extenderse jamás a los días de sesiones, y sólo por un máximo de 10 horas mensuales. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de 15 a 20 unidades tributarias mensuales, dobladas en caso de reincidencia. En caso de cometerla por tercera vez, la infracción se sancionará con suspensión de funciones por un mes, sin goce de sueldo, y así sucesivamente”.

Al año siguiente, en mayo de 2008, el entonces diputado DC Patricio Walker intentó regular la actividad privada de los parlamentarios más allá de las situaciones en que se pone la Constitución, como ser director de banco o de sociedades anónimas, al presentar un proyecto de ley que establecía que "los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y deberán ejercerse con dedicación exclusiva por sus titulares. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial".

Walker aseguraba que "existen casos en que otra actividad en el sector privado puede resultar lesiva para la eficacia de la labor pública que cumple el parlamentario como representante, como legislador y como controlador de otros poderes del Estado. Es decir, que una vez conseguido el escaño, el parlamentario pueda privilegiar o compartir el tiempo dedicado a la función pública, por la que obtiene una remuneración considerando tiempo completo, con la actividad en el sector privado que le puede otorgar una retribución económica adicional a la que obtiene por la función pública que ostenta".

Pese a su entusiasmo,  el proyecto jamás se debatió, aunque tampoco se archivó.

El diputado PPD Jorge Tarud espera tener mejor suerte y que el contexto país mejore las opciones de su  proyecto de reforma constitucional, acompañado por una moción parlamentaria, que busca establecer como exclusiva la función parlamentaria.

Constitución y Ética

La Constitución,  en su artículo 58, señala que los parlamentarios no pueden recibir remuneraciones de empresas del Estado. "Los cargos de senadores y diputados son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza".

El mismo artículo 58 establece, además, la incompatibilidad de estos cargos con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Sin embargo, ello no implica dedicación exclusiva al cargo de parlamentario, pues no prohíbe que los diputados y senadores trabajen en la empresa privada, tales como estudios jurídicos y centros médicos.

En tanto, el Código de Ética de la Cámara de Diputados prohíbe a los diputados usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de su cargo; dictar normas en su propio beneficio o usar indebidamente el título oficial, los distintivos, o el prestigio de la Corporación para asuntos de carácter personal o privado. Tampoco podrán dirigir, administrar, patrocinar o prestar servicios, remunerados o no, a personas naturales o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración del Estado, o que fueren sus proveedores o contratistas.

En el Senado, en tanto, la Comisión de Ética y Transparencia tiene como función conocer y resolver cualquier situación de orden ético que afecte a los senadores, preocuparse de establecer normas de buenas prácticas para un mejor desempeño de las funciones del Senado y velar por el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública. No obstante, no tiene un Código de Conductas, como la Cámara, por lo que no están identificadas las infracciones posibles de los senadores, más allá de las que establecen la Constitución y las leyes orgánicas.


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