El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a los cuestionamientos al sistema judicial que provocó el crimen de la joven Ámbar Cornejo, debido a que el imputado, Hugo Bustamante, es un ex convicto condenado a 27 años por un doble homicidio anterior, quien recibió el beneficio de libertad condicional en 2016 tras haber cumplido 11 años de reclusión, ni la mitad de la pena original.

El titular de Justicia aclaró que el beneficio al que accedió Bustamante en 2016 no tuvo relación con un indulto presidencial del gobierno de entonces, liderado por la Presidenta Michelle Bachelet, precisó que dicha normativa fue corregida en 2019 y advirtió que el sistema judicial chileno necesita una reforma integral.

"Lamentamos que se haya producido una interpretación como si esto fuera una cuestión política del gobierno. No. Esto no tiene que ver. La situación que se produjo en 2016 no se debió a cuestiones relacionadas con el gobierno de la Presidenta Bachelet. Era simplemente el sistema que venía desde antes y que tenía desgraciadamente vacíos que los hemos corregido, en conjunto, todo el sistema político en esta materia", precisó.

Larraín explicó que una modificación a la legislación permitió que la solicitud de libertad condicional dejara de ser un derecho y pasara a ser un beneficio, aumentándose las exigencias para acceder a este.

"Creemos que bajo esta ley no se han producido los problemas que se produjeron bajo el régimen antiguo", apuntó Larraín.

Sobre los reparos hacia la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso, que en 2016 otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, Larraín explicó que "los jueces en ese minuto operaron bajo las reglas del juego vigentes y por eso que las cambiamos, porque eran normas que dejaban espacios para que ocurriera lo que ocurrió. Hay que ser cuidadosos respecto a los juicios que se hagan al respecto. Si (los jueces) obraron o no obraron bien siempre es un juicio que queda abierto respecto de cada una de las personas que toma decisiones".

De todos modos, Larraín expresó la necesidad de hacer "un rediseño completo del sistema penal".

"Nosotros como Gobierno y en particular este ministerio pensamos que hay que hacer un rediseño muy completo de todo el sistema. Primero, del sistema penal, y tenemos un proyecto de nuevo Código Penal que esperamos presentar muy luego a tramitación en el Congreso. Segundo, a través de cambios en el sistema procesal penal para reducir cierto garantismo y fortalecer la fuerza de la ley respecto de quienes cometen delitos, sobre todo graves y reincidentes. Y tercero, tenemos un proyecto que avanza en lo que se llama la ejecución penal, esto es, que sean jueces los que una vez dictada la sentencia acompañan el proceso del condenado en todas sus etapas", señaló Larraín.

Según el titular de Justicia, "hoy el juez dicta la sentencia y se olvida del caso (…) Se requiere una supervisión judicial de todo el proceso y eso significa del cumplimento de la pena, de los beneficios penitenciarios y de las libertades condicionales".

"En consecuencia, nosotros creemos que al régimen de libertad condicional, que quedó bien estructurado, se le agregue el cambio al sistema penal, a las adecuaciones procesales penales y que instalemos el régimen de ejecución penal que permite cerrar el círculo", culminó.